El tribunal que juzga la Operación Karlos notificará el próximo viernes si decide declarar nulas o no las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación. Si las acepta, la vista oral continuará sin más. Si opta por la nulidad, habrá dos opciones: una, que el tribunal considere que todas las pruebas con que cuenta el fiscal tienen origen en las escuchas y que, por tanto, dé por finalizado el juicio con la anulación de todo el procedimiento; dos, que los magistrados consideren que hay alguna prueba no vinculada directamente con las escuchas y que, por tanto, sólo anule las escuchas. En ese caso, el juicio proseguiría.

Los procesados que han pactado con el fiscal su condena (la mayor parte con penas no superiores a dos años que les permiten eludir la entrada en prisión) sólo temen a la tercera opción. Con la primera, todo sigue como estaba; con la segunda, todos a casa absueltos; pero con la tercera, la sentencia puede acabar en absolución o puede ser condenatoria, aunque hayan sido anuladas las escuchas. Tendrán que enfrentarse a la duda sobre si es mejor para ellos mantener el acuerdo no escrito que hicieron con el fiscal y declararse culpables o bien dar por roto ese pacto y afrontar el riesgo de dos resultados bien distintos: ser absueltos o ser condenados quizás a una pena superior a la del pacto con el fiscal. A una pena, en fin, que les conduzca algún día a prisión.

La cuestión es peliaguda. Algún procesado que ha hecho ese pacto con el fiscal, sin firma, no vinculante, y que ha aceptado dos años, esto es, no ir a la cárcel, se despierta muchas noches a las tres de la madrugada sobresaltado pensando que está en Puerto II. Ha hecho un acuerdo que evita su paso por el centro penitenciario de sus pesadillas pero se le abre la posibilidad de salir absuelto. Eso sí, con el riesgo de no serlo y ver cumplidos sus peores sueños.

Las escuchas están en la palestra. Los pactos, en el aire. Alguien apunta que el tribunal no anulará las escuchas. Pero también que hay motivos para hacerlo.