El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles, con el apoyo de PSOE-A e IULV-CA y el voto en contra del PP-A, la ley sobre la función social de la vivienda, en la que se recoge la expropiación temporal del uso de la vivienda a los bancos en casos en los que haya riesgo de exclusión social, que también se incluye en el decreto-ley del que procede y que ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central. Como novedades respecto al decreto ley, -paralizado por el citado recurso-, la nueva norma amplía la cobertura sobre personas que pueden verse afectadas por desahucios, como avalistas y autónomos. 

Así, en una disposición adicional primera, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social que, como consecuencia de la ejecución de un aval que hayan prestado para garantizar un crédito hipotecario, hayan de responder con su propia vivienda habitual, por encontrarse incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por una entidad financiera, sus filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos.

Igualmente, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas dadas de alta en la Seguridad Social como autónomas o trabajadoras por cuenta propia que se encuentren en especiales circunstancias de emergencia social y cuya vivienda habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al desempeño de su actividad profesional y se encuentren incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por la entidad financiera concedente del crédito.

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha considerado que el decreto-ley sobre la función social de la vivienda se hizo pensando más en el "ruido mediático" que en aportar soluciones que el Gobierno debería haber dado hace muchos años. "Muy al contrario, se han incumplido todas las ayudas prometidas en materia de vivienda", ha apostillado. La popular, que ha afirmado que los más de 80.000 desahucios que se han producido desde 2007 tienen la firma del PSOE y son consecuencia del paro que este partido ha generado, ha considerado que el Gobierno de la Nación afrontó el problema de los desahucios "desde el minuto uno", mientras que los socialistas "no lo quisieron ver y miraron para otro lado". Martínez ha explicado que el PP-A vota en contra de esta normativa porque no comparten sus planteamientos ni el fondo. "El Gobierno andaluz es especialista en hacer leyes con títulos", ha destacado la popular, quien ha criticado que hayan sido rechazadas las 82 enmiendas presentadas por su formación a esta normativa, "que sólo servirá a IULV-CA para hacer campaña y al PSOE-A para confrontar con el Gobierno".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Enrique Javier Benítez ha destacado que el Parlamento andaluz aprueba una ley sin precedentes en el ordenamiento jurídico autonómico "pero no con la unanimidad deseada". "Ya con el decreto, origen de la ley, Andalucía dio un paso adelante en el uso de las instituciones y de la capacidad normativa para servir al interés de las personas", ha añadido. Benítez ha indicado que la posición del PP y del Gobierno ha sido de "absoluta ortodoxia económica y evidente deslealtad institucional" por impedir con el recurso presentado al Constitucional que el decreto-ley pudiese aplicarse con normalidad. Asimismo, ha dicho que su formación quiere trasladar a los andaluces que los motivos esgrimidos por la derecha son "simples consignas partidistas carentes de rigor y fundamento". Así, ha insistido en que no hay motivos económicos para recurrir la normativa. "Si el PP lo ha hecho es para impedir que pueda compararse con la nula eficacia de la ley impulsada por el Gobierno de España en esta materia", ha señalado Benítez, que ha pedido al PP-A que vote a favor de la normativa y utilice su "hipotética influencia" para evitar un nuevo recurso.

Finalmente, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha asegurado que las aportaciones recibidas en la tramitación de esta ley por parte de los agentes sociales han servido para "mejorar, enriquecer y ampliar" la protección a las personas que se enfrentan a la posibilidad de perder sus hogares, consecuencia de esta "crisis-estafa". Tras afirmar que el Parlamento se pone al servicio de la mayoría social con la aprobación de esta normativa "con la que se defiende  el derecho de la vivienda y se repudia la mercantilización de un derecho humano", Nieto ha criticado que el PP-A vote en contra de esta ley argumentando que ya no se producen desahucios. "Eso es mentir y demostrar que viven en una nube", ha añadido.

Para la diputada de IULV-CA, con la aprobación de esta ley y la derogación del decreto de la que proviene, el PP tiene la "oportunidad de poner el kilómetro a cero" y resarcir el daño que ha supuesto el recurso presentado al Constitucional. Según ha indicado, los populares saben que la normativa es "perfectamente constitucional" y la admisión de recurso tiene "más que ver con que el presidente de este órgano sea militante del PP". Tras el debate de los grupos, ha tomado la palabra la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien desde su escaño ha agradecido el "inmenso" trabajo realizado en la comisión del ramo en relación a la tramitación de esta normativa. "Ahora es la Cámara quien soberanamente tiene que votarla", ha concluido la consejera.