Las comunidades pata negra viven distinguidas no sólo por una historia propia, un paisaje forjado con los siglos o una lengua tocada por los dioses. También está la seguridad: los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Ertzaintza en el País Vasco y la Policía Foral en Navarra disponen de esta seña adicional de identidad. Y Andalucía no quiso ser menos. El Estatuto II (2007) incluyó en su artículo 65.2 la siguiente previsión: "Corresponde a la comunidad autónoma de Andalucía la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Andaluza que, sin perjuicio de las funciones de los cuerpos de seguridad del Estado, y dentro del marco de la legislación estatal, desempeñe en su integridad las que se sean propias bajo la directa dependencia de la Junta".

Ésa era la idea. Pero justo durante el verano de 2007 estalló en EEUU la crisis que más tarde salpicaría a toda Europa. Pese a las orejeras de José Luis Rodríguez Zapatero, la realidad se impuso pronto bajo el compás de la Merkel: austeridad y recortes, recortes y austeridad. El diabólico déficit. La sepultura de la abundancia.

Tiene sentido: la Generalitat destina a sus Mossos 775 millones de euros sólo en gastos de personal. 609 millones recibe la Ertzaintza. Incluso aunque quisiera, la Junta lo tendría verdaderamente complicado. Su objetivo de déficit para 2013 es del 1,58%. Además, tendrá que recortar 1.200 millones en las cuentas del próximo ejercicio. Dotar a sus guerreros sería una operación gravosa e impopular. "Ahora mismo es impensable. Gobernar sin dinero es dificilísimo", concede el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera. "No es el momento. Sería una locura. Ni es viable ni la gente lo entendería", coincide Jacinto Muñoz, vicepresidente de la Comisión parlamentaria dedicada a estos temas. "La Consejería debería potenciar la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta", propone.

Tal unidad se estrenó en 1993 con apenas un centenar de agentes. Veinte años después, la plantilla asciende a 600. "Era una solución mientras se creaba una Policía propia -explica De Llera-, pero la realidad es que en España el modelo es híbrido, una parte de la seguridad depende del Estado, otras de las CCAA y otra de los ayuntamientos. Mientras no se aclare el esquema no vamos a mover ficha".

El sistema español está más cerca del británico -equipos metropolitanos- que del francés -un mando único y centralizado dependiente del ministro del Interior-, y eso implica a veces líos competenciales. "Yo ni siquiera descartaría que el Estado decida un día suprimir las policías autonómicas", aventura el consejero andaluz. "El Gobierno no está por la labor de eliminar nada", le contradice Muñoz, "aunque es cierto que debería aclarar hasta dónde llegan las facultades de cada cuerpo".

En 2014, la Junta consignará 3,7 millones para su sucedáneo policial. La Administración central carga con la retribución básica de los agentes y con los uniformes, armas y elementos variados de seguridad (chalecos antibalas, por ejemplo). La autonómica con los complementos salariales y medios extraordinarios. La Junta se inclina, como dice De Llera, "por subrayar su perfil social": conservación del medio ambiente, protección de menores y mujeres, persecución del juego ilegal y vigilancia de los edificios de la Administración andaluza. Hay nueve comisarías: una en cada capital de provincia y otra desde noviembre de 2009 en Gibraltar. Todos los agentes proceden de la Policía Nacional y reciben un curso de formación antes de incorporarse al equipo (148 lo hicieron este año). El departamento de Justicia divulga su eficacia: entre enero y octubre, este cuerpo interpuso más de 3.600 denuncias por juego ilegal, acometió 3.180 acciones para proteger a menores y esclareció el 81% de los incendios forestales investigados.

Para el PP no es suficiente. Muñoz avala, como De Llera, la "profesionalidad" de esos policías, "que creen firmemente en la unidad y en lo que hacen", pero reclama a la Junta un esfuerzo extra para pertrecharla y darla a conocer. "Faltan vehículos y material de protección. La media de los coches utilizados es de 250.000 kilómetros y la fecha más reciente de matriculación data de hace seis años", lamenta. "Esos 3,7 millones se van casi exclusivamente en gastos de personal". Los contrastes geográficos también son grandes. La provincia de Sevilla cuenta con 140 efectivos. En el Campo de Gibraltar, sin embargo, operan únicamente 12. "Al final, son tres o cuatro personas trabajando en cada turno", concreta el diputado regional.

"Cuando exista una posibilidad real de crear la Policía andaluza, la crearemos, tal y como contempla el Estatuto", promete De Llera, que se declara un estudioso de la esfera policial, igual que el director general de Interior, José Antonio Varela, que ya dirigió la Ertzaintza y fue profesor en la Universidad del País Vasco en el grado de Seguridad y Emergencias. ¿Fichajes? "No los necesitamos". ¿Un uniforme particular? "No lo hemos pensado, pero llevaría la bandera de Andalucía". ¿Y el nombre? "Es pronto para eso".