El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha valorado este lunes el proyecto de ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y la protección de la persona denunciante, señalando que se trata de una buena iniciativa para que "los ciudadanos recuperen la credibilidad en las instituciones".

Lorenzo del Río ha intervenido en la comisión parlamentaria de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para exponer su opinión sobre el mencionado proyecto de oficina contra la corrupción, donde el presidente del Alto Tribunal ha destacado la importancia de que las instituciones públicas "luchen por recuperar la credibilidad" ante la ciudadanía.

El magistrado ha recordado que este proyecto se inspira en la directiva del Parlamento europeo de protección del denunciante, que debe ser incorporada a la legislación española antes de que acabe diciembre de este año, y en este sentido ha indicado que la ley andaluza que se prepara sólo se refiere a protección en casos de "fraude, corrupción y conflicto de interés", mientras que la directiva europea en más amplia e incluye otros aspectos como el bloqueo de capitales. 

Y como esta directiva también tendrá su reflejo en la lesgislación nacional, Del Río ha señalado que la ley andaluza tendrá a su vez que "adaptarse a la ley nacional".

El presidente del TSJA ha considerado en cuanto a las competencias de la oficina contra el fraude que están "bien trabajadas" y se ha procurado "evitar el solapamiento y la doble investigación" en relación con la labor que puedan realizar jueces y fiscales en esos asuntos, por lo que ha manifestado que ese "engranaje es correcto", de tal manera que cuando se detecte una posible responsabilidad penal "inmediatamente se deriva" a los órganos competentes.

Por último, ha concluido que su valoración del proyecto de ley es positiva. "No le veo elementos de distorsión, creo que puede ser una buena iniciativa para que los ciudadanos crean en las instituciones", ha insistido.

La Fiscalía Anticorrupción alerta de los "mapas de riesgos"

En la comisión parlamentaria también ha comparecido este lunes el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla Fernando Soto Patiño, quien ha acogido igualmente de forma positiva un proyecto de ley que, según ha dicho, pretende "promover buenas prácticas en el ámbito del sector público andaluz".

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño.

El fiscal ha alertado de que a lo largo de la labor del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción han observado la existencia de lo que ha denominado como "mapas de riesgos", por lo que ha considerado relevante que se analice dónde están "esas fallas y esos riesgos para prevenir que en el futuro se cometan".

En cuanto a la protección del denunciante de la corrupción, el fiscal Fernando Soto ha señalado que el proyecto de ley "quizás adolece de descoordinación" con la directiva europea, puesto que el proyecto abarca a aquellas personas que tienen relación con la administración pero "quedarían fuera" entidades del sector privado que se relación de manera "intensa" con la administración, como pueden ser los accionistas, sus familias, sus propiedades o la figura del "facilitador".

Por ello, ha abogado porque la Administración pública exigiera no sólo a los entes del sexto público, sino también al sector privado que se relaciona con dicha administración de manera más intensa -bien por la vía de las subvenciones o por acudir a las licitaciones- para que "regulen canales internos de denuncia y facilitar al personal acudir a esos canales internos".

También ha estimado que sería deseable que se definiera "bien" el momento en el que se trasladan los hechos de los que se tienen conocimiento, y ha añadido que la órgano debe valorar y distinguir entre "el hecho y la sospecha", para evitar riesgos como las "cazas de brujas". "El que denuncia tiene que dar razón de su ciencia y trasladarlo a la oficina para que lo valores de forma adecuada", ha agregado Soto Patiño.

El representante de la Fiscalía ha apuntado finalmente que la directiva europea distingue entre "denunciar y divulgar", y ha explicado que la divulgación tiene como destinatario a los ciudadanos y en este sentido la directiva es "restrictiva", por lo que ha recordado asimismo la importancia de "cómo se ha obtenido la información".