Juan Antonio Roca mantuvo bajo vigilancia al letrado José María del Nido, entre otros abogados, empresarios y periodistas. El jefe del grupo de Blanqueo de la Udyco de Málaga que hasta el verano de 2006 dirigió la investigación del caso Malaya contra la corrupción en Marbella indicó ayer en el juicio que la existencia de un sistema de contravigilancia para proteger los intereses del entonces asesor de urbanismo de las injerencias de la Policía era más que una conjetura, a la vista del "dominio del entorno social" y el "control sobre los servicios municipales" que ejercía Roca. Por eso, el juez instructor pidió "sigilo" a los investigadores cuando los citó un sábado en su despacho para entregarles en mano la orden para que comenzaran las pesquisas.

El convencimiento de que el ex asesor de urbanismo de Marbella contaba con medios destinados a detectar cualquier movimiento contrario a sus intereses se confirmó la noche que un equipo policial dirigido por el juez registró el trastero del edificio Poseidón, donde estaba el domicilio de los Roca. Allí apareció el "dossier Bernar", que "describía vigilancias y contravigilancias a periodistas de El Mundo, empresarios y abogados" que supuestamente había encargado el supuesto cerebro del caso Malaya. El agente detalló que entre otras personas figuraba Del Nido.

¿Por qué tenía interés Roca en conocer los movimientos de Del Nido? Nada de esto se dijo ayer en la vista oral, aunque cabe recordar que era abogado de confianza del ex alcalde Julián Muñoz en la época en la que decidió destituir a Roca en su cargo como gerente de Urbanismo, poco antes de que se precipitara la moción de censura que lo desalojó del poder. Precisamente ahora, Del Nido y Roca comparten banquillo en el caso Minutas por el que el primero es juzgado por supuestos cobros fuera de control en el Ayuntamiento de Marbella y el segundo por pagos a éste durante su etapa al frente de Planeamiento 2000.

El otro nombre que figuraba en el dossier Bernar es el del promotor Pedro Rodríguez, presidente durante años del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella. Este sistema de protección arropaba el entorno de la sede de Planeamiento, sociedad de la que era gerente Roca, e incluía "puntualmente" información "con fotografías, matrículas y antecedentes penales". El dossier reforzó las sospechas iniciales de que esta era una investigación compleja en la que todas las precauciones eran pocas.

Esa "complejidad" del caso Malaya no está sólo en los indicios de delitos contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y prevaricación, sino también en el hecho de que se presumía "connivencia" de los miembros del equipo de gobierno cuando votaban en la comisión de Gobierno siguiendo los criterios que se planteaban desde urbanismo, la existencia de procedimientos judiciales y hasta condenas contra los concejales y el hecho de que aun cuando Roca no era "cargo electo", "funcionario" ni pertenecía al cuerpo de habilitados de carácter nacional, "controlaba absolutamente el urbanismo". El ex asesor de urbanismo actuaba como si usurpara "la voluntad popular, ya que sin ser cargo electo, tomaba decisiones como si fuera el alcalde", circunstancia que para la Policía revestía una "extrema gravedad".