El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una denuncia en los juzgados de Sevilla contra varios altos cargos y jefes de servicio de la Consejería de Agricultura y de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), a los que responsabiliza de la presunta autoría de delitos de prevaricación, usurpación de potestades públicas, incumplimiento de resoluciones judiciales y malversación de caudales públicos, todo ello ante la supuesta “atribución indebida de potestades administrativas reservadas a funcionarios de carrera a personal de la extinta sociedad de Desarrollo Agrícola y Pesquero (Dapsa)”.

Los representantes del SAF, que este lunes han acudido a los juzgados a formalizar la denuncia, sostienen que se han atribuido al personal de Dapsa “potestades de inspección y control de condicionalidad, higiene de la producción primaria y bienestar animal en explotaciones agrícolas y ganaderas” y recuerdan que del resultado de esas inspecciones depende la concesión o mantenimiento del 100% de las ayudas comunitarias y fondos de la UE vinculadas a la PAC, la aplicación de reducciones del 20% del importe global de las ayudas, del 15% o incluso del 100%.

La denuncia se dirige contra la actual directora gerente de la Agapa, su antecesora en el cargo, la secretaria general de Agricultura y Alimentación, el director general de la Producción Agrícola y Pesquera, el ex director general de Inspección, Control y Análisis de la Agapa, y el delegado territorial en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

En la denuncia, el SAF señala que estos altos cargos, “en un claro desprecio al Estado de Derecho y a los órganos judiciales, han eludido directamente” la reserva de estas actuaciones a los funcionarios de carrera y, en su lugar, “han ordenado, consentido y permitido que, existiendo numerosos cuerpos de funcionarios de carrera a quien corresponden estas funciones, personal externo de Dapsa realice directamente en las OCAs de Andalucía un altísimo porcentaje de los controles de campo que se han desarrollado en las explotaciones ganaderas y agrícolas”. Como ejemplo, señalan que en la OCA Pedroche I de Pozoblanco (Córdoba), una de las más grandes en la comunidad autónoma, este personal ha realizado unas 220 inspecciones.

Y todo ello, aseguran los denunciantes, a pesar de que numerosos pronunciamientos judiciales han declarado “nula de pleno Derecho la integración del personal de Dapsa en la Agapa”, en la que se integraron 1.852 trabajadores laborales “sin pasar por ningún concurso u oposición, sin someterse a la transparencia de unas pruebas públicas sobre mérito y capacidad”, según refleja una de las resoluciones judiciales.

El sindicato considera que también se ha incurrido en este caso en una presunta malversación “dada la cantidad de dinero público que se está utilizando de forma innecesaria para pagar los sueldos de este personal por desempeñar funciones que corresponden a funcionarios de carrera” y añade que se han pagado “dietas de viaje y gasolina de los vehículos utilizados, casi diariamente” para que el personal de Dapsa se desplace desde las capitales a las distintas localidades con explotaciones agrarias, cuando “precisamente en esos pueblos deben residir legalmente los funcionarios de carrera adscritos a las OCAs”,  asevera.

Por último, el SAF asegura que la Junta es “perfecta conocedora” de las distintas sentencias y algunos delegados territoriales de la Consejería de Agricultura, como los de Córdoba, Sevilla y Granada, había sido “advertidos expresamente” antes del inicio de las inspecciones respecto a que la atribución indebida de funciones podría ser constitutiva de los delitos que ahora sustentan la denuncia, “habiendo hecho caso omiso a tales advertencias”.