Andalucía

El SAS aboga por las rebajas fiscales para compensar la ley antitabaco

  • Montero ve una salida para los locales que hicieron obras para adaptarse a la anterior norma

La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, admitió ayer que uno de los posibles mecanismos compensatorios para aquellos establecimientos hosteleros de más de cien metros cuadrados que emprendieron hace tres años obras de adaptación, en cumplimiento de la ley antitabaco que ahora emprende una modificación para prohibir también este hábito en dichos espacios, sea la posibilidad de establecer "desgravaciones fiscales" para estos locales.

Montero señaló respecto al endurecimiento de la ley que desde el Gobierno autonómico "ya hemos expresado nuestra voluntad de que la ley se endureciera en los espacios de menos de 100 metros cuadrados -en los que en la actualidad el hecho de fumar se deja a la discrecionalidad del empresario-, ya que, en Andalucía, la inmensa mayoría no optaron por liberar de humo estos espacios".

Pese a asegurar que desde el Gobierno andaluz "se sigue apostando porque se prohíba fumar en todos los espacios públicos", aludió a la salvedad de aquellos establecimientos hosteleros en los que se realizaron inversiones "hace escasos tres años" para permitir fumar en zonas acotadas, en cumplimiento de la normativa vigente.

Para estos casos, se refirió a la posibilidad de plantear una moratoria que permita amortizar aquellas inversiones, un argumento ya esgrimido por el Ejecutivo autonómico.

"En su momento, a los hosteleros se les dio una garantía de que dicha inversión la amortizarían durante un tiempo y que la ley tenía, en ese sentido, vocación de continuidad durante un período suficiente", argumentó la titular de Salud, quien explicó que lo que la Junta ha planteado ahora "es que si a los tres años se considera necesario también actuar sobre estos espacios".

Montero, quien también aludió a la "dificultad de que realmente se pueda ver si realmente se cumple con la normativa" en dichos espacios, apostó por todo ello por buscar un mecanismo "que permita la compensación de aquellos empresarios que realizaron la inversión, porque lo que no se puede es castigar a aquellos que cumplieron con una norma que perseguía una mejor salud para todos".

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