La consejera de Salud, María Jesús Montero, dio cuenta ayer de la situación de las listas de espera de los servicios marcados por un compromiso de garantía de demora máxima: el grupo de intervenciones quirúrgicas con un tope de 180 días, las de 120, las consultas con el especialista con límite en 60 días y las pruebas diagnósticas fijadas en un máximo de un mes. Estos servicios no son todos los que ofrece la Sanidad pública andaluza, pero sí son los elegidos en función de su prevalencia como criterio principal. La Administración sanitaria estudia ahora, además, situar en 100 días la garantía de asistencia en determinados procesos; por el momento, quirúrgicos, sin precisar más. Las organizaciones que trabajan para la Consejería (SAS, empresas públicas y recursos concertados) deberán adaptarse a estos objetivos cuando sean formulados de manera explícita; la idea está en fase de análisis y articulación y tampoco se hizo pública ayer una previsión de fechas. El esfuerzo se centrará, probablemente, en algunos de los procesos acogidos a la garantía de 120 días de demora máxima, regulada por una orden de diciembre de 2006.

La demora media quirúrgica se sitúa, en este contexto, a diciembre de 2009, según los datos facilitados ayer por la titular de Salud y accesibles en la web del SAS, en una media de 57 días; los diagnósticos están en 23 y la primera consulta con el especialista, en 48 días de media, con cierta variabilidad interprovincial en los diferentes servicios bajo garantía, que en buena parte se explica por factores directamente relacionados con el contexto propio de cada hospital.

Montero esbozó ayer la tendencia de la demanda ciudadana en la Sanidad pública andaluza: intervenciones quirúrgicas estabilizadas en el medio millón largo de operaciones anuales, e incremento moderado en las consultas de especialistas (11,5 millones, un 4,6% más que en el corte estadístico equivalente del año anterior) y 4,2 millones de consultas de pruebas diagnósticas, el doble, a consecuencia de la inclusión de garantías de espera máxima en este ámbito. Esto es, actividad de quirófano estabilizada en sus grandes números y más demanda asistencial médica especializada. La estabilidad relativa de la actividad quirúrgica es lo que permite a los gestores del sistema evaluar ahora si este fenómeno es coyuntural o ya forma parte de la rutina de la sanidad pública, que experimentó una fuerte tensión en 2002 cuando se hizo público el primer compromiso de garantía, el de la demora máxima de 180 días para un grupo de procesos; si los centros hospitalarios pueden dar más de sí, se planteará efectivamente la reducción del tiempo de garantía de intervención para ciertas operaciones. La consejera de Salud estima que, al menos, hay que plantearse el asunto porque es precisamente la lista de espera el elemento que más critican los ciudadanos en las encuestas de satisfacción, junto a algunos aspectos relacionados con el trato y la comodidad.

En cuanto al incremento de demanda asistencial, está en consonancia con la deriva demográfica hacia el envejecimiento.

Sin embargo, en el medio plazo no va a ser suficiente con garantizar un funcionamiento ágil de los servicios. Es ahora cuando es posible anticiparse a los cambios en organizaciones tan complejas como las dedicadas a la asistencia sanitaria en un contexto de acceso gratuito y universal. Cuando la generación nacida en los 60 del pasado siglo empiece a frecuentar las instituciones sanitarias (en una década), no bastará operar bien y rápido, emitir un diagnóstico certero y en poco tiempo: la exigencia de calidad será integral, del diagnóstico al final del proceso rehabilitador. Y ahí todavía queda mucha tela que cortar.