Andalucía

Sanidad desvela el informe que justifica una desescalada asimétrica en Andalucía

  • Sanidad alude a la imposibilidad de controlar la movilidad entre los tres distritos con mayor incidencia del virus el 8 de mayo

  • En la primera semana de mayo, Andalucía sólo hacía pruebas a seis de cada diez casos sospechosos

Profesionales sanitarios trasladan a un paciente al Hospital Virgen de las Nieves de Granada Profesionales sanitarios trasladan a un paciente al Hospital Virgen de las Nieves de Granada

Profesionales sanitarios trasladan a un paciente al Hospital Virgen de las Nieves de Granada / Antonio L. Juárez

Málaga y Granada no avanzaron a la fase 1 el pasado 11 de mayo por el riesgo que suponía permitir la movilidad dentro de provincias en las que había zonas con una importante incidencia del virus. Así se expone en el informe del Ministerio de Sanidad que impidió el avance unificado de toda Andalucía y que la Administración central hizo público en la noche de este lunes.

Más allá del debate sobre la fórmula elegida por la Junta para avanzar en la desescalada, por provincias, pero con excepciones, el problema radicaba en la disparidad de afección de la epidemia dentro de las mismas provincias. El informe data del 8 de mayo y está firmado por Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad

Los expertos del departamento de Salvador Illa reconocen que la capacidad de diagnóstico de la Consejería de Salud ha mejorado, pese a que en aquellas fechas sólo se hacían pruebas al 58% de los casos sospechosos, que en la semana previa a la elaboración del análisis fueron 1.457 en toda Andalucía.

Esta capacidad para hacer PCR era mucho mayor en atención hospitalaria (72,7%) que en atención primaria (52,7%), aunque el número de pacientes sospechosos en primaria duplica con creces el de los hospitales, con 1.054 frente a 403. También había diferencias en el porcentaje de positivos en cada servicio, con un 13,3% en primaria y un 7,8% en hospitales. 

El Ministerio insiste en la importancia de hacer pruebas a todos los sospechosos para evitar la circulación del virus, lo que podría provocar nuevos rebrotes. Esto sólo es posible si el porcentaje de casos sospechosos a los que se le hace la prueba supera el 80%. Además, Sanidad recomienda a la comunidad reforzar su capacidad de acceso a las medidas de protección.

En esa labor de control, Andalucía realizaba, en aquellas fechas, unas 2.200 PCR al día, pero la Junta esta en disposición de hacer más de 6.000 por jornada, según ratifica Sanidad, que también tiene en cuenta que el sistema de detección de casos sospechosos en atención primaria (centros de salud y Salud Responde) no empezó a funcionar hasta el 11 de mayo, tres días después de realizarse el informe. 

Aguirre pide el "pase inmediato"

Justo este lunes, con la entrada de toda Andalucía a la Fase 2 con la excepción de Málaga y Granada, la Junta recalcó su empeño por que las dos provincias acompasen su avance en las fases de la desescalada. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha solicitado al Ministerio de Sanidad que estas dos provincias avancen "de inmediato" a la fase 2.

En el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad, Aguirre aludió a las declaraciones del ministro Salvado Illa, que reconoció el domingo que el periodo de dos semanas para avanzar entre fases podría revisarse en las próximas semanas. Según el titular andaluz, con esta nueva postura del mando único “no hay motivo para que estas provincias permanezcan en fase 1 si presentan buena evolución”. Este fue el motivo esgrimido por el Gobierno central, ya que, como recordó Aguirre las dos provincias “cumplen con los criterios identificados por el Ministerio tanto epidemiológicos como de capacidad asistencial para pasar a fase 2”.

La Junta insiste en que la decisión de Sanidad no estaba motivada en datos sanitarios. En su informe, la Junta recuerda que la incidencia del virus en Granada y Málaga es más baja que en otras provincias que si pasaron a la fase 2 ayer. El documento remitido por la Consejería de Salud y Familias también defiende la capacidad de la Junta para detectar nuevos brotes y para atajar la presión asistencial que se derive de un posible repunte.

El informe asegura que la Administración regional dispone de una capacidad “muy sólida” para hacer PCR. “Nos permite garantizar la realización de pruebas en todos los escenarios posibles”, recoge el documento que el Ejecutivo regional remitió al Gobierno el pasado miércoles para solicitar el pase de todas las provincias a la fase dos. También defiende que la Junta cuenta con equipos de protección individual para los profesionales sanitarios y disponibilidad de camas para pacientes graves, UCI y respiradores para atender a “necesidades emergentes”.

En el informe, las autoridades sanitarias revelan que el 70% de los casos confirmados por PCR en Andalucía presentan un “vínculo epidemiológico” que permite afirmar que el seguimiento de nuevos positivos se está realizando “correctamente”. “La estrategia de declaración en sospecha de Covid-19 está funcionando”, apunta el documento, que cifra en el 80% el porcentaje de casos sospechosos a los que se les garantiza la realización del PCR. No obstante, Salud reconoce que los datos son “provisionales” y sujetos a mejora “a medida que se vaya recibiendo la información actualizada por parte de los laboratorios con resultado de las pruebas”.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias ha comenzado a actualizar la formación de sus profesionales de Salud Pública a través de formación on line. Estas sesiones, que tienen carácter semanal, versan sobre la estrategia de vigilancia en la fase de transición y sirven también compartir conocimiento entre los 450 técnicos que conforman dicha red.

Esta red la forman epidemiólogos de los distritos de atención primaria, unidades de preventiva hospitalaria, servicios de vigilancia y epidemiología de las delegaciones territoriales de Salud y el servicio de vigilancia en la Consejería, en el nivel central.

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