El instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, ha rechazado el recurso de apelación presentado por el ex consejero de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías contra la exposición razonada que le inculpa por un delito de prevaricación, al entender que contra esa decisión no cabe ningún recurso.

En una providencia dictada el pasado martes, el instructor señala sobre el recurso de apelación presentado por la defensa de Zarrías que no debe tramitarse porque "según ha resuelto la sala de Admisión de este tribunal por auto de 9 de julio, contra la exposición razonada del instructor proponiendo que se tramite el correspondiente suplicatorio con respecto a tres de los imputados que presentaban la condición de aforados, no cabe recurso alguno".

Con anterioridad, la defensa del ex consejero de la Presidencia había acusado al instructor de utilizar la Justicia como un instrumento político. En el recurso de apelación presentado ante el Alto Tribunal, el abogado de Zarrías concluyó que debatir en sede penal un sistema de ayudas que trata de dar respuesta a "unas situaciones críticas por las que atravesaban miles de familias en Andalucía, supone convertir al sistema de Justicia penal en algo más que un mero instrumento de política criminal; supone convertirlo en un mero instrumento de política ".

El letrado Gonzalo Martínez Fresneda, que representa al ex consejero, considera que el instructor pretende convertir a las leyes aprobadas por el Parlamento andaluz en "prevaricadoras" cuando las leyes son constitucionales o inconstitucionales, pero nunca pueden ser prevaricadoras.

El recurso argumenta que la exposición razonada elevada a la Sala del Supremo pone fin a una instrucción "realmente ineficaz", por cuanto entiende que el instructor "no ha llegado nunca a poner en duda los planteamientos" de la juez Mercedes Alaya, "respetando su rumbo y orientación", al recordar que el instructor calificó en reiteradas ocasiones a la causa de Sevilla como su "causa nodriza". "La exposición razonada nos enfrenta a una visión de totalidad, en la que se pretende someter a juicio penal las decisiones legislativas de la Junta", añade.

La imputación es la "condena" de los diputados, al tener que abandonar su acta, considera la defensa, que critica que el instructor no haya cuestionado los planteamientos de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), unos peritos que fueron designados por "una instancia política" y a los que usó como "policía judicial". El recurso destaca que estos peritos fueron elegidos por el interventor general "nombrado por el PP" y entre los mismos y a pesar de la "enjundia jurídica del tema" hay una licenciada en Químicas y sólo un licenciado en Derecho.

El abogado de Zarrías considera, de otro lado, que cuando el instructor argumentó las disfunciones del proceso en una causa con aforados se olvidó de una peculiaridad más acusada: "es público y notorio que los diputados imputados por un delito de prevaricación son impulsados a abandonar el acta tan pronto se solicita el suplicatorio contra ellos".