"Llama la atención que para una plaza de celador se presenten miles de licenciados y que para un contrato de este tipo sólo se haya presentado una persona". La presidenta de la Junta, Susana Díaz, puso ayer en cuestión el trabajo de investigación que el número tres de Podemos, Íñigo Errejón, consiguió de la Universidad de Málaga (UMA) para realizar un estudio sobre la vivienda en Andalucía, una acción financiada por la Consejería de Fomento. Errejón venía cobrando 1.825 euros al mes por un trabajo investigador del proyecto La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas, para el que fue contratado por otro dirigente de Podemos, Alberto Montero, profesor de la Universidad malagueña.

En el contrato, se especifica que el lugar de trabajo será "preferentemente" el departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho de la UMA, en horarios de 40 horas semanales, repartidas de 9 a 16 horas, de lunes a viernes. El contrato, no obstante, dice: "Si como consecuencia del desarrollo de la prestación de servicios para el proyecto de investigación el trabajador tuviera que llevar a cabo su actividad en otro lugar, bien de la propia empresa o bien de otra entidad que pueda poner a sus disposición medios materiales para realizar el proyecto, vendrá obligado a trasladarse a realizar los trabajos que le son propios en aquel lugar, sin que con ello se desvirtúe la naturaleza del presente contrato, ya que dichos trabajos serán necesarios e imprescindibles para el proyecto de investigación".

El contrato se firmó en marzo de 2014, y es prorrrogable cada tres meses. Errejón anunció ayer en la Cadena Ser que va a renuciar a este trabajo. Susana Díaz, desde Estepa, anunció que "si no se ha obrado correctamente y no se ha trabajado aquello que se ha firmado en el contrato, la Junta le va a pedir el reintegro de las cantidades recibidas de fondos públicos que son de todos".

No obstante, la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, sostuvo que el contrato obedece a un procedimiento "completamente regulado" por ley. "No creo que se salga de los márgenes de lo que se hace siempre", dijo. En este sentido, recordó que en la Universidad malagueña hay aproximadamente unos 600 investigadores con este tipo de contratos, sujetos a la legislación vigente al respecto. "Gracias a eso gente muy valiosa, que no podemos contratar por otro tipo de contrato, están cubriendo las necesidades de investigación que tenemos en la UMA y en todo el sistema universitario español", recalcó. La rectora indicó que, tras sacarse un concurso público, hay una comisión que elige entre los que concurren al que mejor se adapta a lo que pide el investigador principal. Es un contrato por obras y servicios y cuando se acaba ese proyecto el contrato finaliza "y se tiene que dar cuentas a la parte contratante", en este caso a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Así, aclaró que la UMA es "un mero ejecutor de la firma y de llevar el control de que las facturas cumplen todos los requisitos". "Somos el garante de la Administración de que las cosas se cumplan de acuerdo con un proyecto", afirmó.