El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha propuesto varias medidas para evitar el gasto anual de millones de euros en la custodia de objetos incautados que carecen de valor y saturan las sedes judiciales, entre ellas su destrucción rápida o su entrega a entidades sociales. 

Esta es una de las propuestas que la sala de Gobierno del TSJA ha estudiado en una reunión que ha celebrado en la Iglesia Conventual del Carmen de San Fernando para sumarse a los actos de conmemoración del bicentenario del título de ciudad que se le concedió a este municipio, antigua Real Villa de la Isla de León, por ser sede de las cortes que elaboraron la  Constitución de 1812. 

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha recordado que fue en este escenario donde hace doscientos años se promulgaron principios constitucionales como la separación de poderes, se constituyeron órganos como el Tribunal Supremo y se decretó que la justicia tenía que ser "imparcial, pronta y eficaz". 

"Por desgracia estamos todavía distantes de eso", ha lamentado el presidente del TSJA, que ha señalado que la Justicia, en tanto no mejore la situación económica, necesita buscar fórmulas para aprovechar mucho mejor sus recursos humanos y materiales y mejorar su eficacia. 

Entre las medidas que la sala de Gobierno ha estudiado figura la propuesta de un convenio con la Junta de Andalucía para mejorar la gestión de los efectos intervenidos que no tienen ya uso legal ni valor comercial y que "están saturando los depósitos" y ocasionando "un gasto significativo de millones de euros anuales, un gasto totalmente improductivo y que no tiene ningún sentido". 

Del Río ha explicado que la propuesta del TSJA pasa porque la gestión de esos efectos, entre los que ha citado "un número enorme" de vehículos, embarcaciones, pateras y otros efectos que ahora ocupan muchos "espacios públicos", se centralice en cada provincia andaluza en unos depósitos de cada delegación territorial de la Junta donde se proceda a decidir sobre su subasta, su destrucción rápida o su entrega a entidades sin ánimo de lucro o particulares. 

Otro de los asuntos que la sala de gobierno del TSJA ha estudiado es el borrador de decreto del Gobierno andaluz para poner en marcha las oficinas judiciales de Andalucía, un proyecto que "año tras año" se va retrasando y que Lorenzo del Río considera urgente porque "cuanto antes es necesario" hacer cambios en el sistema organizativo para que se puedan aprovechar mejor los recursos humanos porque ahora hay "muchas asimetrías". 

"No sobran funcionarios pero los tenemos mal repartidos", ha apuntado para explicar que hay juzgados que tienen mucho trabajo y otros que podrían soportar "mayor carga de trabajo" y añadir que el sistema organizativo debe ser más flexible porque "ahora nos encontramos con una rigidez que nos impide aprovechar los recursos" incluso dentro de un mismo edificio. 

Estas son fórmulas que el TSJA estudia para afrontar una reducción de los presupuestos para el año que viene "del 6 o el 8 por ciento", algo que ocasionará "muchos problemas" y que dificulta la necesidad de mejorar la eficacia de la justicia. 

"La justicia o es eficaz y se dicta en un plazo razonable de tiempo o deja de ser justicia", ha aseverado Lorenzo del Río, que se ha lamentado de que haya actualmente sedes judiciales que "son incompatibles con una justicia digna" y que "no se merecen" los ciudadanos. 

El presidente del TSJA ha citado a sedes gaditanas como las de San Fernando o La Línea que "desgraciadamente" no tendrán una solución "a corto plazo", por lo que ha pedido a la administración que si no puede construir edificios nuevos para ellas sea "receptiva" a otras alternativas. 

Se ha referido también al estudio sobre las posibilidades de concentración de los partidos judiciales. 

"Me consta que se va a caminar hacia una concentración de partidos, no de supresión de juzgados", ha dicho del Río que ha señalado que "habrá que ver como se traduce eso". 

Tras señalar que de momento es "aventurado hacer valoraciones" sobre este estudio ha insistido en que "ahora sólo hay una idea de cambio que yo creo que es buena, caminar hacia una mejor optimización de los recursos y hacia una concentración porque tenemos un mapa judicial de hace siglo y medio que no se corresponde con las comunicaciones actuales". 

Preguntado sobre la posibilidad de que la instrucción del caso de los ERE pase a otro tribunal, el presidente del TSJA se ha referido al auto de la juez Mercedes Alaya en el que "ella misma dice que esta relativamente cercano el cierre de la instrucción" por lo que "hay que dejarle que termine, porque lo deja apuntado en el último auto".