Andalucía

UGT-A niega el fraude de las facturas falsas y lo circunscribe a un problema administrativo

  • El letrado del sindicato asegura que el informe del perito judicial no hace referencia alguna al "fraude" ni a la emisión de "facturas falsas"

El letrado de UGT Andalucía, Germán Fernández, en la sede regional del sindicato. El letrado de UGT Andalucía, Germán Fernández, en la sede regional del sindicato.

El letrado de UGT Andalucía, Germán Fernández, en la sede regional del sindicato. / Víctor Rodríguez

UGT Andalucía considera que no hubo fraude en su gestión del dinero de la formación, motivo por el cual el juez titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ha procesado a la antigua cúpula del sindicato que encabezaba Francisco Fernández. El magistrado Juan Jesús García Vélez procesó en un auto fechado el pasado 3 de diciembre a 14 personas, junto a Fernández, por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, algo que el abogado de la organización, Germán Fernández, ha rechazado hoy en una comparecencia pública. 

"El informe no es firme y no pone fin al procedimiento judicial", ha recordado el letrado que también ha defendido que hay disparidad entre el informe del perito judicial en el que se basa el auto del juez y en el propio auto. Fernández, que ha señalado que hay "graves errores" en el cálculo de los 40 millones de euros en facturas falsas del informe pericial, ha señalado también que dicho informe "no hace referencia alguna a fraude". "El perito no habla de fraude ni de desvío de subvenciones. No hay referencia a facturas falsas" ha abundado.

El letrado de UGT Andalucía ha asegurado que los fondos que llegaron al sindicato en virtud a los acuerdos de concertación social se gastaron conforme a lo previsto. De hecho, Fernández se ha preguntado por qué las otras organizaciones firmantes de dichos acuerdos -CCOO y la CEA- no están inmersas en procesos judiciales similares.

La tesis del sindicato que hoy dirige Carmen Castilla es que este proceso judicial no debería estar dilucidándose en los juzgados de lo penal, sino en los del contencioso administrativo. "Son cuestiones de carácter administrativo. Se habla en todo momento de gasto no subvencionable o no elegible", ha insistido el abogado, que ha explicado que 58% de la cuantía que se considera defraudada lo es por la "ausencia de un contrato por escrito" entre UGT y el IFES, el organismo al través de del cual el sindicato impartía los cursos de formación a parados gracias a las subvenciones públicas.

Para Fernández, no es "exigible" la formalización de dicho contrato, toda vez que en el convenio con la Junta ya se especificaba que el IFES impartiría dichos cursos. El letrado ha reconocido también que no se imparte formación subvencionada a desempleados desde la convocatoria de 2011 y ha lamentado que, con el nuevo modelo, UGT no podrá retomar esa práctica.

El letrado también ha matizado la versión que el juez dio sobre las fórmulas utilizadas por UGT Andalucía para llevar a cabo ese supuesto fraude. Fernández no ha sido muy concreto respecto a los mecanismos llamados rápel -descuentos a proveedores sin declarar- y el bote -un sistema informatizado financiado con facturas "simuladas"-, pero sí ha dicho que ninguno de los proveedores del sindicato "ha hablado de facturas falsas". 

Sobre la polémica por el alquiler de las sedes de UGT al IFES, el juez apunta en su auto que el sindicato cedió a la sociedad Soralpe -de la que era socio único- el usufructo de los locales de su propiedad. El objetivo era establecer un "mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto". El letrado del sindicato ha asegurado que una vez que se realizaba el usufructo, era Soralpe el titular de los locales a todos los efectos

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