El 80% de las más de 50.000 personas que en Andalucía trabajan en el sector de la dependencia y, en concreto, en la ayuda a domicilio, sufren "sufren retrasos o impagos de sus nóminas", según alertó ayer el sindicato UGT en un comunicado.

El secretario de Salud de UGT Andalucía, Antonio Macías, exigió que, "de una vez por todas, ayuntamientos y Junta de Andalucía solucionen sus problemas y dejen de darse patadas unos a otros, porque quienes realmente reciben esos golpes son los trabajadores". Según explicó, "las corporaciones locales destinan a otros menesteres el dinero que reciben de la Junta de Andalucía para los servicios de dependencia", por lo que "ese dinero no llega a las empresas que prestan los servicios de ayuda a domicilio".

El sindicalista recordó que las trabajadoras de la dependencia de Jerez (donde ayer continuaron las protestas) y del municipio granadino de Armilla "secundan paros y anuncian huelgas indefinidas" estos días a consecuencia de los retrasos. "Los empleados no cobran por un trabajo ya realizado y lo peor es que no se atisba solución", lamentó Macías, quien criticó también que las administraciones implicadas "no aporten soluciones reales", ante a lo que los trabajadores "no les queda otro remedio que convocar esas huelgas".

En otra línea, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, señaló ayer como una "prioridad" para los próximos meses lograr "un gran pacto sociosanitario" entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para mantener la ley de dependencia. En declaraciones a los periodistas, Arenas consideró que las medidas del Gobierno han sido "profundamente respetuosas" con la situación de las personas mayores, en alusión a las pensiones.

Por su parte la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, reclamó ayer que los recortes no afecten a las políticas "que más han costado que fueran derechos". Navarro subrayó que el PP está demostrando que sus prioridades no son "garantizar y proteger los derechos de las personas, sino intentar ayudar, como siempre, a los que más tienen". Así, Navarro dijo que la paralización de la ley de la dependencia no le afectará a quien tenga 3.000 euros al mes para pagar un centro o 15.000 euros al año para atender a un anciano en una residencia. Navarro criticó que el Gobierno "castiga" primero a las comunidades autónomas que han hecho más esfuerzos en aplicar esa ley y dijo que, desde Andalucía "no cabe más que la protesta absoluta".