El ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías ha solicitado que se deje sin efecto lo que llama auto del juez Alberto Jorge Barreiro por el que se solicita su investigación ante un posible delito de prevaricación en el caso de los ERE. Lo que Zarrías sostiene es que ninguno de los dos actos administrativos que señala el juez pueden ser objeto de una resolución arbitraria por su parte. Uno de estos actos son los proyectos de ley de presupuestos de la Junta que incluían las transferencias de financiación para nutrir la partida de los ERE. El ex consejero explica a la Sala Segunda que el proyecto de ley, que es lo que aprueba el Gobierno, no es un acto definitivo, sino que lo es el texto que posteriormente aprueba el Parlamento, por lo que cabría, también, imputar a los miembros de la Cámara, lo que sería un sinsentido jurídico.

La defensa de Zarrías recurre a un dictamen que emitió la Abogacía del Estado sobre la relación entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y su esposo, asesor legal de Telefónica. Ante una duda sobre la incompatiblidad sobre los proyectos de ley que aprobaba el Gobierno y su relación con Telefónica, la Abogacía escribió que resultaba "obvio" que no cabía conflicto puesto que "la decisión del asunto" no compete a la administración, sino al Congreso y al Senado. Explica el defensor: "Como por impedimento lógico no puede haber leyes contrarias a la ley, el instructor concluirá que la ley no es delictiva pero sí que lo habría sido el proyecto de ley elevado al Parlamento. Esta aportación dogmática de la exposición razonada es absurda e indefendible".

El segundo acto administrativo son las modificaciones presupuestarias aprobadas en el Consejo de Gobierno, de las que Zarrías explica que llevaban el visto bueno de la intervención general y de la dirección general de Presupuesto. El instructor Alberto Jorge Barreiro no emitió una auto para imputar al ex presidente Chaves y a Gaspar Zarrías, sino que emitió una exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo, que en sí no es recurrible. Lo que intenta ahora la defensa de Zarrías es extender la inculpación de Griñán, que en ese momento ya no era aforado y para el que sí hubo un auto, de tal modo que la exposición razonada pueda ser recurrible. Ahora, ni Chaves ni Zarrías son aforados porque dimitieron de sus escaños.