La magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería que se ha hecho cargo de la investigación de la operación Poniente podría prolongar el estudio del sumario, de más de 25.000 folios, bajo secreto, durante dos meses. Coincidiría ese plazo con el previsto por los abogados defensores de las ocho personas encarceladas para solicitar la libertad bajo fianza de sus clientes por motivos de arraigo.

Cuando se cumplen dos semanas desde que los 20 implicados comparecieran ante la jueza y esta comenzara a tomarles declaración y a decretar contra ellos las medidas cautelares que condujeron a la prisión incondicional de ocho de ellos, la magistrada, dedicada en exclusiva al caso, estudia los cientos de discos duros, CD y documentos intervenidos en los registros, que pueden arrojar más luz sobre la trama de Elsur. La extensión de las actividades del entramado hacen que éste tenga unas implicaciones mucho más amplias. El tejido de una red paralela destinada a ocultar las actividades más opacas de las empresas hace que sea básico el estudio de dicha documentación, algo que podría dilatar la adopción de medidas que aliviaran la situación de los encarcelados.

Los encarcelados están en el módulo de respeto del centro penitenciario de El Acebuche y la jueza no ha decretado ninguna medida que impida la comunicación entre ellos, por lo que es de suponer que los cargos contra ellos se sustentan en las pruebas documentales.

El abogado defensor Francisco Torres adelantó que tiene previsto solicitar en breve la puesta en libertad bajo fianza de sus clientes y argumentará el arraigo social y personal para justificar que sus patrocinados no tienen intención de huir de la Justicia.