"Me encuentro en un callejón sin salida: o derribo las 30 viviendas ilegales con orden de demolición o tengo que enfrentarme a la Justicia por desobediencia y desacato". El alcalde popular, Antonio Peña, resolvió esta cuestión con su dimisión como alcalde de Chipiona tras cinco años en el cargo.

Así lo explicó ayer Peña y recordó que, desde que accedió a la Alcaldía, tuvo que afrontar el problema de las casas irregulares, cuyos primeros expedientes judiciales datan de 2003. Entre las viviendas con sentencias de derribo "inminente" hay segundas residencias, pero también hogares de "familias que se quedarían en la calle".

Más allá del punto de vista legal, Peña aludió a la cuestión "moral" de ese dilema porque, según el edil, "es muy difícil que alguien se pueda acostar tranquilo pensando que ha demolido la vivienda de una familia, echándola a la calle y, encima, cobrándole la factura del derribo".

En cuanto a las acusaciones socialistas, que afirmaron el lunes que la dimisión de Peña está relacionada con el caso Uniformes, Peñas re calcó que todavía no hay sentencia en el caso Uniformes y que, si le resulta desfavorable, la recurrirá: "En el ámbito judicial no hay nada que me obligue a presentar mi dimisión", manifestó el alcalde, quien insistió en que su renuncia se debe a "los problemas que podría tener con la Justicia" a causa de las viviendas ilegales, si permaneciera en el cargo.

Peña continuará de alcalde en funciones hasta la celebración del próximo pleno municipal ordinario, previsto para el 20 de octubre. En esta sesión se despedirá de la Corporación. A partir de entonces, la primera teniente de alcalde, Davinia Valdés, estará al frente del Ayuntamiento hasta la convocatoria del pleno de elección del nuevo regidor en un plazo de 10 días.