La alcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP), será finalmente juzgada por varios delitos de corrupción, los llamados caso Uniformes y caso Horas extras, dos procesos judiciales cuya instrucción ha concluido.

Por el llamado caso Horas Extras, en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita para ella cuatro años y seis meses de prisión, la alcaldesa de Rota se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cádiz a partir del próximo 9 de marzo, apenas dos semanas antes de las elecciones autonómicas.

Eva Corrales se sentará después en el banquillo de los acusados por el caso uniformes, en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Rota (Cádiz), María Teresa Cuberos, acaba de dictar el auto de procedimiento abreviado, que dará pie al juicio contra ella y contra otros 18 imputados, según fuentes próximas al caso.

En este auto la juez solicita a las partes personadas, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE, que remitan sus respectivos escritos de peticiones de condena, un paso previo a fijar la fecha de la vista oral.

Entre la veintena de imputados en este caso está también el actual alcalde de Chipiona, el popular Antonio Peña, que cuando ocurrieron los hechos era edil de Rota, y contra el que en aquel entonces era regidor de la localidad, Lorenzo Sánchez, hoy teniente de alcaldesa y socio del gobierno municipal por la formación Roteños Unidos.

El sumario del caso uniformes, que ocupa unos 15.000 folios, investiga las supuestas ilegalidades cometidas por el Ayuntamiento de Rota en numerosos contratos desde el 2003 al 2010 en los que se compraron vestimentas municipales por valor de 780.000 euros.

Según las acusaciones, las compras se hicieron a una empresa de la que era titular Lorenzo Sánchez, hasta que fue advertido formalmente de la ilegalidad de los contratos, tras lo que, en el 2009, cambió el nombre del negocio y lo puso a nombre de su testaferro, un hombre que llevaba quince años trabajando para él en la firma.

Por el caso Horas extras la Fiscalía Anticorrupción solicita para ella cuatro años y seis meses de prisión por prevaricación y falsedad documental al haber encargado, cuando era delegada municipal de fiestas, a un funcionario del Ayuntamiento y a su mujer diversos trabajos en un taller de costura que ambos tenían en su casa.