Diecisiete meses lleva aguardando Isabel V.C., de Cartaya (Huelva), para recibir una respuesta de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social acerca de su solicitud para quedar integrada en la ley de dependencia, cuando la resolución no debe demorarse más de tres meses. El abogado de la anciana, que padece alzhéimer, Julián Domínguez, envió hace unos días un escrito a la delegación en la que solicita que "tenga a bien remover los obstáculos que pudieran impedir el normal funcionamiento de la Administración y por tanto, resolver de forma expresa sobre la valoración de mi representada Isabel V.C.".

Esta demora supone al mismo tiempo, una serie de inconvenientes para esta viuda de militar residente en Villablanca que, teniendo resuelta esta tramitación "podría solicitar otro tipo de ayudas al estar incluida en el cuerpo militar".

Todo el proceso comenzó en septiembre de 2010, cuando se presentó la solicitud de acogimiento a la ley de dependencia. En febrero del año pasado, la mujer recibió la visita de la trabajadora social encargada de realizar una valoración sobre su situación y, "consecuentemente, elevar la propuesta de resolución".

La queja tiene como objetivo resaltar esos 17 meses que han transcurrido "desde la presentación de la solicitud hasta la fecha de hoy, sin que hasta el momento exista constancia ni de la propuesta de resolución, ni de la resolución misma en la que se reconozca el grado y nivel de Doña Isabel", dice el abogado en su escrito.

El proceso en resumen es el siguiente: se llama al trabajador social de la localidad, que tramita el caso al centro base de la zona de la provincia -en este caso Cartaya- que es donde se prepara el expediente y envía nuevamente al trabajador social. Finalmente se da conocimiento a la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social. El estado de Isabel V.C. queda confirmado con la presentación de un nuevo informe del neurólogo que confirma el progreso de la enfermedad de la anciana, que "fue admitido en la delegación, lo que da a entender que el proceso sigue abierto, ya que en el momento en que la resolución se realiza no se puede presentar más documentación". Domínguez añade que su cliente fue atendida en la Unidad de Valoración, que es un requisito previo para abrir el proceso de ley de dependencia. Este trámite se realizó en abril de 2011, cuando le señalaron un 75% de discapacidad.

El abogado esgrime además, que el silencio administrativo no tiene valor en este caso, es decir, que el paso de los tres meses estipulados no puede interpretarse como negación. Para ello, el abogado invoca la Ley de Procedimiento Administrativo que indica que el ciudadano tendrá "derecho a conocer en todo momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan condición de interesados, y a obtener copias de documentos contenidos en ellos".