Uno de cada diez andaluces vive en un barrio desfavorecido. El 10,9%, según la Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social de realizada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. El porcentaje se traduce en que 914.103 personas viven en zonas, tanto urbanas como rurales, que presentan alto riesgo de exclusión social para sus habitantes.

En total, se dibujan 99 de estas áreas en riesgo de exclusión, localizadas en 65 municipios, es decir, el 8,4% del total de pueblos de la región. A Cádiz corresponden 18; a Málaga, 14, y otras 14 a Sevilla. Les siguen Granada (13), Jaén (12), Almería (11), Huelva (9) y Córdoba (8).

Adoptando una visión más general el mismo estudio subraya la existencia de alrededor de un millón y medio de andaluces (el 17% de la población) en situación de vulnerabilidad. El propio estudio recuerda que la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía –del 35,4% según las últimas estadísticas del INE– está entre las más altas de España, superando la media nacional en más de 13 puntos porcentuales.

También según datos del Instituto Nacional de Estadística (2016), con carencia material severa estaría el 7,1% de la población, viviendo en hogares de baja intensidad en el trabajo, el 23,5%.

¿Cómo se eligen las zonas de exclusión?

Para la elección de estas zonas, se tuvieron en cuenta distintos indicadores sociales como la tasa de paro, la población inmigrante, la existencia de problemas de seguridad y convivencia, la dimensión y concentración del parque público de vivienda y la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios, entre otros.

En su mayoría, se trata de entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas, además de por las tendencias segregacionistas de la sociedad contemporánea que generan procesos de exclusión.

El informe de la Junta subraya que esta situación se ha visto agravada, entre otras cosas, como consecuencia “de la larga década de crisis económica padecida” y también, “de la estrategia de salida aplicada, basada en la austeridad del gasto público y en la devaluación de los costes laborales como palanca de la competitividad empresarial”.

Todo ello ha supuesto, por un lado, el empobrecimiento de parte de la ciudadanía, a raíz de la importante pérdida del poder adquisitivo; y por otro, un deterioro de la cobertura de determinados servicios públicos de carácter social.

Por otro lado, el estudio también deja claro que el incremento de la pobreza y de la desigualdad tienen como resultado el surgimiento de zonas desfavorecidas. Y advierte de que una vez sumergida la situación de exclusión en una zona “se acentúan los fenómenos de ruptura de las relaciones con el exterior”, y se ven dañadas las relaciones sociales, “con pérdida de confianza, deterioro de las redes sociales y, en ocasiones, con afectaciones graves a las condiciones de convivencia”.

El papel de las políticas públicas

Una de las conclusiones arrojadas por el estudio reconoce que las actuaciones y los esfuerzos en políticas sociales, educación, salud y otras, aplicados en estas barriadas y zonas con necesidades de transformación social no han obtenido resultados “suficientemente satisfactorios”.

“Han contribuido a paliar la grave situación, pero su capacidad de intervención no se corresponde con la magnitud y dificultad de la problemática a la que se enfrenta”, apunta el estudio.

En este sentido, se reconoce la labor de las personas que trabajan con estas personas en riesgo de exclusión y que “sufren el desánimo y la impotencia derivada de una situación estructural que es difícilmente reversible mediante la motivación y el sobreesfuerzo personal”.

Poner fin a la pobreza es la principal razón de ser de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que también se marca el reto de “lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Son sólo dos de los 17 objetivos recogidos en este proyecto, acompañados de 169 metas para ser aplicadas en el horizonte 2030.

De esta forma, esta Estrategia aprobada a finales de agosto de 2018 por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales permitirá implementar medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de esos más de 900.000 andaluces que residen en las zonas identificadas.

Para ello, en dichas áreas que se llevarán a cabo acciones estructuradas en torno a cuatro ejes: desarrollo económico y comunitario sostenible, políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, mejora del hábitat y la convivencia y trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria. En total, la Junta de Andalucía tiene previsto invertir 169,5 millones de euros.