La Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) "cumplió razonablemente" con las obligaciones derivadas de las subvenciones concedidas para cursos de formación, pero incurrió en irregularidades administrativas en la gestión de personal y contratación, como ocurrió con los trabajadores de la multinacional de automoción Delphi. Éstas son las principales conclusiones a las que ha llegado una auditoría externa encargada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) respecto a los ejercicios de 2009 a 2011.

La auditoría de la extinta Faffe, que recibió subvenciones por valor de 49,5 millones de euros entre 2009 y 2010, ha sido elaborada por la empresa ATD, auditores del Sector Público, y en su objeto de estudio incluía dos aspectos: el financiero y el de legalidad. La auditoría de regularidad financiera está precedida de tres informes de auditoría de las cuentas anuales de la Fundación que fueron emitidos con carácter favorable por la Intervención General de la Junta de Andalucía -relativo al ejercicio 2009 y dos referidos a 2010- y a los cinco primeros meses del año 2011 realizados por la firma Auditoría y Consulta S.A.

En el plano de la legalidad, los auditores independientes han analizado si los actos, operaciones y procedimientos de gestión de la Faffe se desarrollaron de conformidad con la "legalidad vigente" y, especialmente, en las áreas de Contratación, Recursos Humanos y Control de Subvenciones y ayudas públicas.

En las conclusiones de la auditoría los expertos externos consideran que "la Fundación cumplió razonablemente con las obligaciones derivadas de las subvenciones concedidas, tanto en las justificaciones como, según lo indicado en las conclusiones de los informes de cuenta justificativa emitidos por auditores independientes, en la ejecución de las acciones para las que le fueron concedidas" esas ayudas públicas.

Pero no todo se hizo bien en la Faffe. Los expertos han analizado los procesos de contratación de esta fundación, que se creó por un acuerdo del Consejo de Gobierno del 28 de enero de 2003 y se extinguió en abril de 2011 por acuerdo de su patronato, asumiendo desde mayo de ese año el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) todos los derechos y obligaciones. El informe critica que la Faffe dio de alta trabajadores mediante "procedimientos especiales", cuya incorporación no derivaba de procedimientos de contratación reglados por el convenio colectivo. Los trabajadores afectados, según los auditores, procedían de la multinacional Delphi, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y el programa Jaén Emprende.

Así, señalan que los procedimientos de contratación del personal en calidad de docente "no son seleccionados mediante oferta genérica al SAE", sino fundamentalmente a través de la base de datos ERP-SAP (una aplicación informática alimentada por la introducción del currículum vitae desde la web de la Faffe, de acceso público). "Con la información disponible por el equipo auditor, lo anterior infiere discrecionalidad por parte de los técnicos territoriales de selección, ya que es el que selecciona los currículum vitae que a su criterio son los más adecuados para el puesto y es el único que tiene la capacidad de decisión sobre el procedimiento", concluye la auditoría, que también se queja de que no se ha podido aportar determinada documentación de algunos expedientes de selección de personal solicitados, en concreto, ocho de los 17 expedientes seleccionados.

El Convenio Colectivo de la Fundación, según los expertos, sí garantizaba los principios de publicidad, objetividad, igualdad, mérito, capacidad y no discriminación, pero se recurrió a esos "procedimientos especiales" de contratación en los casos mencionados.

Respecto a los proceso de contratación, ATD critica el "uso excesivo" por parte de la Faffe de la licitación mediante procedimientos sin publicidad, por cuanto aunque los mismo están regulados en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), "no garantizan el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad en las licitaciones, como haría el uso de los procedimientos abiertos". A pesar de esta crítica, los auditores destacan que a partir del ejercicio 2011 "se incrementó la utilización del procedimiento abierto, alcanzando éste el 61% del importe licitado hasta el momento de extinción de la Fundación", en el mes de mayo.

Los auditores critican que la Fundación no aprobara las instrucciones internas de contratación que prevé la LCSP, que entró en vigor en 2008, lo que ha supuesto una "limitación en el alcalde de análisis del cumplimiento de la legalidad en esta materia", aunque añade que existen "evidencias" de la existencia de un "proceso de implantación de estas normas". Dichas instrucciones no incluían ningún procedimiento asimilable al negociado, sin que esto suponga ningún incumplimiento de la normativa aplicable, según precisaron fuentes de la Junta.

La Faffe utilizó durante cierto tiempo el "procedimiento de compras PG06", que según los auditores no es asimilable a un procedimiento de contratación y que "no garantiza el cumplimiento de los principios básicos de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación", según el artículo 173 de la LCSP.

Aunque la auditoría refleja algunas irregularidades administrativas en la conformación de los expedientes de contratación, sí constata la "efectiva realización del gasto y el pago", por cuanto para las facturas analizadas se ha verificado que "se factura a los precios acordados y se facturan los conceptos contratados".

La auditoría alerta de que se licitaron distintos contratos, tanto de suministros como deservicios, que podrían haberse licitado conjuntamente, como las tutorías virtuales de cursos distintos o los vigilantes jurados de las distintas sedes provinciales de la Faffe. En este sentido, explica que una vez analizados los procedimientos de contratación seleccionados, distintos al abierto, se ha verificado la existencia de "relaciones accionariales o empresariales entre empresas invitadas a licitar", de lo que "podría inferirse el incumplimiento del principio de concurrencia y la libre competencia, por cuanto cabe la posibilidad de un pacto de precios entre las empresas invitadas a licitar, lo que podría suponer un posible perjuicio para los intereses de la Fundación", recoge otra de las conclusiones de la auditoría.