El caso de los ERE ha polarizado estos primeros días de campaña de facto. Nada nuevo. Como ocurrió con las municipales de mayo de 2011, las generales de noviembre de ese mismo año y las autonómicas de marzo de 2012. Sin embargo, y a diferencia de lo sucedido en esas ocasiones, ahora no se ha revelado ningún hecho sobre el fraude; es más, la citación de los ex presidentes andaluces por parte del Tribunal Supremo era un paso procesal que se esperaba para estas primera semanas de febrero. Si la campaña se ha enredado ha sido por el nuevo listón que el PSOE ha colocado a sus dos ex presidentes, que es distinto al del resto de sus cargos públicos. Mantiene el código ético que los socialistas aprobaron en Valencia que si a un cargo público se le abre juicio oral, éste se compromete a presentar su dimisión. Manuel Chaves y José Antonio Griñán están aún muy lejos de ello, por lo que, de acuerdo con la norma interna de su propio partido, no deberían plantearse aún este extremo. Siempre queda a mano el recurrente caso del ex ministro José Blanco, que pasó por un proceso parecido  para ser, finalmente, archivado.

Es más, ninguno de los portavoces del PP en el Congreso y el Senado han solicitado la dimisión de los ex presidentes por ser llamados a declarar por el Supremo. A lo que han aludido desde las filas populares es a la nueva norma establecida para Chaves y Griñán. En efecto, la presidenta Susana Díaz mantuvo en una visita al Hospital de Valme que ella pediría el acta a cualquier cargo público que fuese imputado por el Supremo. A cualquiera, dijo, y tres días después aclaró: a cualquiera que se le imputase delitos en concreto. El listón seguía siendo más riguroso que la del PSOE, y ése fue el motivo por el que el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, se equivocó el pasado lunes: a Chaves y a Griñán se le pediría el acta si, tras su declaración, eran imputados por  algún delito.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, confirmó ayer que esta es la norma. Nueva, y en Andalucía, al menos, parece que para todos. Ayer dimitió el que iba a ser quinto en la lista del PSOE por Málaga para estas elecciones andaluzas, Javier Carnero, después de declarar ante un juez. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, vino a aliviar las dudas sobre la situación de los imputados. De momento, y hasta que no se tome declaración a los cinco imputados y se practiquen las diligencias solicitadas, no habrá "decisión" del instructor. De hecho, es el artículo 71.2 de la Constitución el que estipula que "si como consecuencia de las diligencias de investigación, el instructor aprecia la existencia de indicios racionales de criminalidad contra cualquiera de los aforados", entonces deberá pedir el suplicatorio al Congreso y al Senado, en este caso. Pero aun así ya sabemos que Susana Díaz y Pedro Sánchez pedirían las actas un instante antes, para que no fuese necesario el suplicatorio. Su partido está obligado a este extremo, es el plus que debe pagar. Y éste es el estado de la cuestión procesal.  Y política. Al menos para el PSOE. Sobre Chaves y Griñán arrecian las críticas para que dimitan, aunque es difícil que dos ex presidentes como éstos, que se consideran honestos, y a quienes nadie ha acusado de un beneficio personal, se quemen en la pira de esta campaña que no ha hecho más que comenzar.