El PSOE remitió ayer las respuestas a las exigencias planteadas por Podemos para dejar de oponerse a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. El documento no cumplió con las expectativas de la formación que lidera en Andalucía Teresa Rodríguez. Los socialistas plantean una serie de concesiones a las exigencias de Podemos, insuficientes, entendibles sólo si se trata del inicio de una negociación. El debate de investidura se celebra el próximo lunes y martes y los socialistas confían en la abstención de Podemos y Ciudadanos (C´s), descartado por el momento el consenso con el PP. Ciudadanos no hará pública el minuto y resultado de las negociaciones bilaterales, pero sí lo hizo Podemos que, a tenor de las respuestas del PSOE, mantuvo la negativa a la investidura a la espera de nuevas reuniones entre las dos formaciones, que presumiblemente se reanudarán mañana.

Podemos consideró que el PSOE andaluz "no da respuestas" a ninguna de las condiciones planteadas por este partido para comenzar a hablar sobre la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta.

El documento molestó tanto a los negociadores de Podemos que ni siquiera dieron por superado el primer punto, la dimisión de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Podemos esgrimió en un comunicado que, al margen de su responsabilidad política en el caso de los ERE, este punto debe ser parte de un acuerdo político más amplio que añadiría la responsabilidad subsidiaria de los partidos en caso de apropiación indebida y que haya beneficiado a los mismos. También solicitó garantías para la devolución de esos fondos.

No obstante, las mayores discrepancias se encuentran en las otras dos condiciones irrenunciables para Podemos, de las que el PSOE sólo ofrece gestos inocuos.

La mayor diferencia se encuentra en la reforma de la Administración Pública. Para sentarse a hablar, Podemos quiere conocer su dimensión, tanto en número de altos cargos en empresas públicas como en el personal de confianza o asesores. Poco ha contribuido el PSOE-A a ese conocimiento, uno de los grandes agujeros negros de la Administración andaluza. Lo máximo de lo que informa el PSOE por el momento es de que desde 2008 se han reducido 42 puestos de personal eventual y desde 2011 un total de 263 puestos de directivos en empresas públicas, sin ofrecer los totales. Sí aporta, ante la reclamación de Podemos de que los altos cargos en las consejerías sean sólo los consejeros y viceconsejeros, que en la Administración General, de 197 altos cargos, 111 son funcionarios (56,3%). No dice cuántos funcionarios hay al frente de empresas públicas.

El ofrecimiento del PSOE para conseguir la abstención de Podemos es la reducción de un 5% en el número de empresas públicas y sus directivos, además de altos cargos y asesores.

En materia de lucha contra los desahucios, Podemos reivindica que la Junta no convenie con los bancos que aplican desahucios a personas sin recursos y sin alternativa habitacional derivadas de las deudas hipotecarias. El PSOE propone, entre otras medidas, una ley de protección a los consumidores (planteada por IU la pasada legislatura) o un grupo de expertos para analizar la legislación.