Caso de los ERE

El ex consejero defiende la "lícita procedencia" de su patrimonio

  • Asegura que los bienes proceden de los ingresos derivados de sus 30 años de actividad profesional.

El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández defendió ayer la "lícita procedencia" de su patrimonio y rechazó la nueva imputación por un delito continuado de cohecho que ha formulado la juez Mercedes Alaya, ya que a su juicio estas acusaciones son "infundadas e injustas".

Antonio Fernández, en un comunicado remitido a Efe, aseguró que todos los actos de contenido económico que ha realizado en su vida personal y familiar tienen "perfecta justificación, al ser de lícita y demostrable procedencia cada uno de sus ingresos y, en consecuencia, irreprochable la aplicación de los mismos a la conformación de su patrimonio".

Alaya le acusa de haber recibido más de 600.000 euros "de origen desconocido" y de haber adquirido seis inmuebles en sólo siete años. Sobre este extremo, el ex consejero de Empleo argumenta que ese patrimonio "modesto, pero en todo caso proporcionado y acorde al honrado desempeño de más de 30 años de vida profesional, hoy se halla en trance de pérdida, al tratarse de inmuebles adquiridos mediante préstamo hipotecario cuya amortización se le hizo imposible desde que perdió su trabajo e ingresos a consecuencia del injusto encarcelamiento cautelar de que fue objeto en este proceso".

Fernández entiende que el informe de la Guardia Civil en el que se basa el auto "no demuestra ni concreta una ilícita procedencia de ingresos". El ex responsable de Empleo añade que "sencillamente se tiene por irrregular lo que se desconoce o no se entiende".

El comunicado concluye asegurando que lo ocurrido ahora con Fernández es una "evocación trágica de otras épocas, cuando un ciudadano recibe el puro peso de la sospecha y tiene que demostrar su inocencia". El ex consejero, que "mantiene una plena confianza en la Justicia", anuncia que recurrirá el auto de la juez.

Las nuevas revelaciones de Alaya también fueron rechazadas ayer por el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, quien aseguró que no está preocupado por el auto de la juez Mercedes Alayaporque no participó en "ninguna reunión, ni en la adjudicación o resolución" de la ayuda a Heineken, que fue concedida por el entonces director general de Trabajo Javier Guerrero. "No he participado absolutamente en nada", aseveró Rivas, que también respondió a las afirmaciones de la juez respecto al aval prestado para que sus hijas adquirieran sus viviendas. "Yo lo único que hecho es avalarlas, como haría cualquier padre, pero los créditos los pagan ellas con su trabajo", puntualizó.

Alaya también le atribuye la supuesta mediación para la contratación de un hijo suyo en Heineken, pero Rivas defiende que éste entró en la empresa por méritos propios, tras haber realizado un curso que organizaba la empresa. Y lo hizo "no siendo menor de edad, sino cuando le faltaban varios meses para cumplir los 18, y el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores permite la contratación desde los 16 años", dijo.

El ex delegado insistió en que su hijo entró en Heineken como peón de almacén, después promocionó a carretillero, y actualmente está en la planta de embotellado, donde sigue trabajando y "la empresa está muy contenta con él, porque es un buen trabajador", subrayó Rivas, que se pregunto si su hijo "no tiene derecho a trabajar en una empresa privada".

Rivas también rechazó, como dice el auto de Alaya, que su hijo comprara dos viviendas, porque en realidad una de ellas es una VPO a la que renunció en su día, motivo por el que actualmente tiene planteado un pleito al Ayuntamiento de Camas para la devolución de cierta cantidad de dinero que había entregado.

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