El pacto por Andalucía fue un invento de José Antonio Griñán por el que nadie daba inicialmente un duro. Casi un mes después de la cumbre preparativa que reunió al presidente de la Junta con el líder de la oposición, Juan Ignacio Zoido, la criatura muestra sus facciones, imperfectas, irregulares, pero aparentemente premonitorias. Habrá acuerdo, o eso dicen los cuatro partidos involucrados. PSOE, PP, IU y PA (UPyD no está convidada) se citaron ayer en el Parlamento para cotejar agendas y marcar prioridades. Y al menos tres conclusiones deparó esta primera y tardía toma de contacto: Una. El 28-F no será, salvo sorpresas, la fecha de cierre del pacto. Dos. El PP parece definitivamente dentro del proceso. Y tres. La prioridad será la transparencia, aunque los populares colocan a idéntica altura las políticas de empleo en una comunidad con 1.442.600 parados.

El próximo encuentro tendrá lugar el 21 de febrero. Los partidos tienen un porfolio de temas propios -Estatuto, financiación, modelo territorial y transparencia- a los que se añadirán las propuestas procedentes de las diez mesas sectoriales, cuyos trabajos "están muy avanzados", según Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE-A. Ayer no hubo progresos en la orilla política sino la escenificación de una voluntad de consenso que retrate a la región como un oasis frente a la bronca permanente de ejes como Madrid o Barcelona.

La corrupción es el plato estrella y, aparentemente, el objetivo más razonable, porque hablar de sanidad y educación públicas o de revisión del modelo territorial, por ejemplo, llevará irremediablemente al PP a posiciones alineadas con el Gobierno central. El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, avanzó que el día 21 presentará un documento con 50 medidas de regeneración. No concretó ninguna. El PA, partido sin representación parlamentaria invitado a dialogar por su rancio abolengo, tampoco se estiró. Su líder, Antonio Jesús Ruiz, esbozó frases que ya suenan en los cónclaves de la política nacional desde hace semanas: regulación de los sueldos públicos, declaración del patrimonio; articulación de protocolos específicos para los corruptos. Los socialistas se limitaron a presumir de comportamientos ejemplares cuando recordaron que Griñán presentó sus declaraciones de la renta "hace año y medio", en una clara alusión a la decisión adoptada por Rajoy días atrás en idéntica dirección.

Fue IU la formación más explícita. José Luis Pérez Tapias, su secretario de Organización, resumió algunas de las 25 propuestas lanzadas a debate desde la federación: acelerar las leyes de transparencia y participación ciudadana que ya redacta la Junta; modificar y reforzar el papel de las comisiones de investigación del Parlamento; dotar de más poderes al Tribunal de Cuentas; endurecer el Código Penal en lo referente a estos tipos delictivos; regular la actividad de los lobbies o grupos de presión tal y como sucede en gran parte de Europa; eliminar las donaciones de las empresas a los partidos; endurecer las incompatibilidades de los altos cargos públicos; mejorar los controles en el uso del dinero público; e instaurar un Código Ético para todos los dirigentes.