La instrucción del caso Malaya que dirigió el magistrado Miguel Ángel Torres fue "terrorífica" porque desató el "terror" entre los procesados, según el letrado Horacio Oliva, que asume la defensa de Francisco Soriano y otros tres abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita. Según esta parte, realmente quien ha llevado la instrucción de la causa ha sido la Policía y no el juez. Oliva expuso ante el tribunal las identidades de quienes según su punto de vista dirigieron de facto la investigación judicial y dictaron el auto de procesamiento: "El policía nacional número 78.774 y el inspector de Hacienda identificado con un número muy largo que acaba en 4702". Esta defensa sugirió que el auto fue una mera copia y pega de los informes policiales.

El abogado Francisco Soriano, procesado en la causa en la que también actúa como defensa de su compañero de despacho Manuel Sánchez Zubizarreta, se aferró a esta tesis al afirmar que la Policía era quien hacía las propuestas de actuación al juez.

Las defensas de los cinco procesados de este bufete madrileño también aludieron a la "vulneración de los derechos fundamentales y procesales", ya que el juez Torres no tendría jurisdicción ni competencia en el procedimiento. Sobre la actividad del despacho, que según el auto elaboró la trama societaria de blanqueo de capitales de Roca, Oliva reconoció que tras la quiebra de Comarsa, una empresa de Juan Antonio Roca, este despacho asumió la gestión de la sociedad en calidad de fiduciario, pero rechazó que fueran meros testaferros.

Francisco Zurita, además de la revocación del procesamiento, reclamó que se anulara la fianza de 500 millones de euros impuesta a cada uno de los cinco letrados del despacho por considerar que están pagando la pena de forma anticipada, puesto que están acusados de blanqueo de capitales, un delito que no lleva implícita responsabilidad civil.

La vista de las apelaciones al auto de procesamiento del caso Malaya también incluyó ayer la exposición del recurso de Salvador Gardoqui, otro supuesto testaferro de Roca que, según su abogado, era un simple mileurista que se encargaba de pasar a los famosos archivos excel de la sociedad Maras Asesores, los nombres y cantidades que Juan Antonio Roca le indicaba. Estos archivos son transcendentales, puesto que en ellos se basó el instructor para deducir que se cobraba ilegalmente a los empresarios y se pagaba a los concejales. El letrado Carlos García Ceca reclamó que se dejaran sin efecto las dos primeras declaraciones de Gardoqui en las que "dijo lo que intuía" de los archivos de Maras para poder sortear un estado de presión que le llevó a "derrumbarse".

Finalmente, la defensa de la abogada madrileña Montserrat Corulla definió a su patrocinada como una profesional que había asumido negocios de Roca a través de Condeor muchos años después de que esta sociedad se constituyera, con la misión de restaurar edificios. El letrado Gonzalo Rodríguez Mourullo aseguró que la Policía incurrió en errores al interpretar las 15 operaciones que se le atribuyen a Corulla.