Las defensas de los 21 ex altos cargos han elevado a definitivas sus conclusiones en el juicio del denominado procedimiento específico de los ERE, en el que han reclamado la absolución de los acusados, aunque algunos han introducido calificaciones alternativas para el supuesto de que se acojan las tesis de las acusaciones. El principal reproche de las defensas al escrito de acusación definitivo de la Fiscalía Anticorrupción ha sido que a su juicio existe una "falta de concreción" de los hechos presuntamente delictivos que se atribuyen de manera individualizada a cada uno de los procesados.

La defensa del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías ha señalado que se ha vulnerado el derecho fundamental al juez natural predeterminado por la ley por haberse entregado la instrucción a un juez de refuerzo, tal y como mantuvo en las cuestiones previas, y ha impugnado la prueba pericial de los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), al entender que es "nula de pleno derecho" porque a su juicio se ha practicado como una "pericial jurídica que está vedada por la ley", citando una sentencia del Supremo que considera que este tipo de periciales es un "asesinato alevoso del principio iura novit curia", un aforismo latino que significa que el juez conoce el Derecho.

El letrado de Zarrías también ha destacado la "ausencia de cualquier prueba o indicio de que Zarrías haya influido en los expedientes de concesión de ayudas". 

Por su parte, el abogado José Manuel Herrera, que defiende al ex consejero de Empleo José Antonio Viera ha vuelto a sostener, como en las cuestiones previas, que los delitos de prevaricación y malversación han prescrito, y ha coincidido en la "falta de inconcreción, insuficiencia o vaguedad" de los escritos de acusación a la hora de recoger los hechos que se atribuyen a cada uno de los acusados. Esa falta de inconcreción e "imprecisión", ha dicho el letrado, vulnera el artículo 24 de la Constitución Española y "genera indefensión" para su cliente y el resto de los acusados, además de que entiende que se vulnera la "seguridad jurídica y legalidad penal".

El letrado de Viera también ha señalado que al mantener el delito de malversación en relación con las distintas piezas separadas en las que se investigan las ayudas, en las que la Fiscalía se ha opuesto al archivo de la causa contra los ex altos cargos -en contra del criterio de la Audiencia-, también se está vulnerado el derecho "al procedimiento y al juez competente" al plantear un "doble" proceso contra los acusados.

Los abgogados Juan Carlos Alférez y Miguel Delgado, que representan a los ex directores general de IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano Aguilar, han mantenido igualmente la petición de libre absolución porque no han realizado "acto alguno que contravenga el ordenamiento jurídico", aunque han introducido una serie de circunstancias eximentes en el caso de que el tribunal acogiera las tesis acusatorias. Así han incluido de forma subsidiaria -al igual que ha hecho la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán- el "error invencible" del artículo 14 del Código Penal, precepto que establece que "el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal".

Estas defensas también han introducido variantes a la libre absolución que contemplan la hipótesis de que estos ex directores fueran considerados supuestamente como "cómplices" o "cooperadores necesarios" de los delitos, lo que conllevaría la imposición de penas en uno o dos grados inferiores a la prevista.

La defensa del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que ejerce el abogado José Ávila, ha negado que éste estableciera "procedimiento alguno" para la concesión de las ayudas al margen de la legalidad vigente, y ha mantenido que todas las ayudas fueron concedidas al amparo de la orden de 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo ante "situaciones de urgencia y necesidad", al tiempo que ha defendido que las transferencias de financiación son "completamente legales".

Según esta defensa, Guerrero otorgó las citadas ayudas "de forma lícita y sin ánimo opaco ni de ocultamiento" a la Intervención de la Junta, y ha agregado que el procedimiento "le viene dado por sus superiores, el consejero o el viceconsejero".

Con la conciencia de actuar legalmente

El abogado Victor Moreno Catena, que representa a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, ha solicitado igualmente la libertad al poner de manifiesto que patrocinada no dispuso de fondos publico en beneficio de tercero y en todo caso ha actuado "con la conciencia de estar obrando" con respeto a la ley y sin engañar al Parlamento andaluz, y ha lamentado que después de un año de juicio las acusaciones "siguen sin concretar qué actuación" con relevancia penal se atribuye a su defendida.

Moreno Catena ha señalado que en los escritos de las acusaciones no se dice nada de las infracciones y hechos que habrían cometido de manera individualizada cada uno de los acusados, y ha insistido en que si se aceptaran las tesis de la acusación, se habría generado en Carmen Martínez Aguayo el "error" invencible de pensar que está "obrando en el estricto marco de la ley".

La defensa del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, que ejerce la letrada Encarnación Molino, también se ha referido a las "genéricas acusaciones" que no realizan ninguna concreción o individualización de los hechos que imputan a cada acusado, y ha defendido que este ex alto cargo no conoció el procedimiento de concesión de las ayudas y actuó "con pleno y absoluto convencimiento de que las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo eran ajustadas a Derecho".

Molino ha dicho que en los informes de la Intervención se decía que el uso de las transferencias era inadecuado "pero no ilegal ni muchos menos delictivo y el interventor no activó el mecanismo del informe de actuación".

Lourdes Medina "promovió la denuncia"

El abogado Manuel Salinero, que defiende a la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo, ha señalado que ésta "nunca fue advertida de irregularidades" relacionadas con las transferencias de financiación, y ha afirmado que ha quedado demostrado que Lourdes Medina fue quien "promovió la denuncia" por estos hechos y quien "instó el procedimiento de revisión de oficio" de las ayudas.

Por su parte, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, también ha pedido la absolución pero con carácter subsidiario ha solicitado la apreciación en su caso de la circunstancia atenuante, como muy cualificada, de "dilación extraordinaria e indebida del procedimiento", por el tiempo que ha transcurrido entre el inicio de la investigación judicial, en 2001, y la fecha de la celebración de este juicio.