El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) anunció en diciembre pasado que Gyocivil, empresa madrileña que opera desde hace sólo cuatro años en la provincia y que en tan poco tiempo ha conseguido adjudicarse más de una treintena de obras y servicios, ganaba una de las más suculentas ofertas de 2013: 18 millones de euros de financiación europea para la construcción de dos aparcamientos subterráneos -más de 800 plazas-, uno bajo la plaza de toros y otro en la finca Pozos Dulces, junto a la desembocadura del río Guadalete. Son puntos neurálgicos de El Puerto con un subsuelo arenoso y un altísimo nivel freático. Gyocivil hace de todo, de pistas de pádel a carriles bici, pero nunca había hecho aparcamientos subterráneos.

No existe una demanda ciudadana. Colectivos vecinales ven que el Ayuntamiento sustituye plazas de aparcamiento gratuitas en superficie por plazas de pago. El PP llevó estos proyectos en su programa basándose en un estudio anterior a la crisis sobre el crecimiento del parque móvil de la ciudad.

El concurso que se presentó para el cumplimiento de esta promesa electoral fue de proyecto y obra, no sólo de obra, pese a que, en realidad, proyectos de estos aparcamientos ya existían. En 2009 el Ayuntamiento, que no contaba aún con financiación, los sacó a concurso. Hubo dos ganadores, a los que se les abonó 700.000 euros. Los proyectos estaban firmados por los arquitectos Fernando Ríos y Juan Manuel Sánchez del Pozo, respectivamente. No se ha vuelto a saber nada de estos trabajos o, al menos, el arquitecto Fernando Ríos no lo sabe: "Pregunte en Impulsa".

La sociedad municipal Impulsa ha sido la encargada de llevar adelante los aparcamientos, y parecía mostrar preferencia por Gyocivil, según se desprende de una tensa conversación el pasado septiembre entre el director gerente de esta sociedad pública, Cayetano Gómez, y su director técnico, el ingeniero Julián Martín Bravo. Éste expuso a Gómez sus dudas sobre el proyecto de Gyocivil, y el gerente contestó animándole a conseguir puntos para la propuesta de esta empresa. "Me siento presionado para hacer un informe a favor de Gyocivil", se quejó el ingeniero. "Yo te digo lo que quiero, tú tienes los suficientes medios y conocimientos para conseguirlo", le llegó a decir el gerente. El ingeniero insistió en sus dudas y el gerente volvió a la carga asegurándole que posteriormente se podrían resolver esos problemas. Y otra vez el ingeniero: "Ponte tú en mi lugar. Has recomendado un proyecto con una losa de cimentación que se ha partido...".

Pocos días después de esta conversación, el director técnico dejó de trabajar para Impulsa. La causa oficial es que era un puesto amortizado, ya que Impulsa no tiene obra, por lo que no era necesario ese puesto. Gómez, que defiende la absoluta limpieza en el concurso, desvincula por completo la salida de Martín Bravo del concurso. "El director técnico empezó a hacer este informe en calidad de sus conocimientos de ingeniero industrial, se tuvo que ir y se contactó con una consultora de ingeniería, IDOM, una de las cinco más grandes de España, para que finalizara ese informe".

Gómez, además, aclara que "Impulsa no saca a concurso este proyecto. Quien lo hace es una empresa privada, Impulsa Aparca, en la que participa Impulsa al 50%". Impulsa Aparca se encargará de la explotación de estos aparcamientos.

El portavoz del PSOE en El Puerto, David de la Encina, no entiende que no fuera Martín Bravo el que finalizara el informe y que en la mesa de valoración pesara el criterio de una consultora externa. IDOM no llegó a proponer para Gyocivil los 15 puntos máximos en su apartado técnico, pero le dio 13, suficientes para ganar el concurso. El resto de las propuestas obtuvo una puntuación anormalmente baja. El segundo clasificado, Ogensa-Gévora, sacó 7. El último, San José-Cartuja, sacó 1. "¿Pero qué proyecto hay que presentar para sacar 1?, ¿una construcción de Lego?", afirma indignado uno de los ingenieros que ha trabajado a riesgo (sólo cobra si gana el concurso) con una de las empresas concursantes.

Sin embargo, para Gómez no hay más planteamientos que los parámetros técnicos y reconoce que los que plantean las aspirantes pueden ser válidos, pero que los que han primado han sido los de la consultora externa. Además, recuerda Gómez, al ser un proyecto respaldado por el Banco Europeo de Inversión, obliga a que en el concurso exista una fiscalización externa, que en este caso ha corrido a cargo de Price Waterhouse.

"Hay poquísima obra pública, estamos que mordemos y en El Puerto se ha faltado al respeto a un gremio", afirma otro ingeniero, que prefiere que su nombre no aparezca y que revela que una de las empresas concursantes se entrevistó personalmente con el ex alcalde, Enrique Moresco, para saber si el concurso de los parking estaba "dado". Moresco dijo que era un concurso limpio.

Las empresas más potentes que acudieron a este concurso prestaron poca batalla. Ferrovial incumplió el pliego del concurso, Acciona fue desestimada por no presentar avales bancarios. La explicación que se da en el sector es que "ambas se ahorraron los gastos de arrancar un proyecto competitivo. En un proyecto de estas características trabajan cerca de treinta personas cualificadas con largos horarios, con lo que el coste puede rondar los 300.000 euros. Está claro que Ferrovial y Acciona no le vieron color".

Las empresas perdedoras del concurso consideran que todo lo sucedido es extraño. El plazo de presentación de proyectos fue extremadamente corto. Salió en junio y había que entregar el 22 de agosto. No es habitual esa fecha al entrar en meses, julio y agosto, con baja actividad. Pero nueve empresas decidieron intentarlo. "Fue una auténtica paliza", recuerda el integrante de uno de los equipos. "Estaríamos ya terminando cuando me encontré con un colega de profesión que me dijo que él conocía a otro equipo de ingenieros que estaba trabajando en ese mismo proyecto en Madrid... pero que lo estaban haciendo desde principios de año y que no iban a riesgo, sino que se trataba de un encargo. Ahí me di cuenta de que estábamos perdiendo el tiempo".

Dos de las cuatro empresas perdedoras han impugnado el concurso. Y es posible que en los próximos días lo haga una tercera. La UTE Ogensa-Gévora ha presentado alegaciones. La UTE que formaban San José Constructora y Cartuja Inmobiliaria ha presentado un escrito en el que va al meollo del concurso: se considera que ni ha existido transparencia ni se ha dado el "principio de igualdad de trato". A Firmes y Carreteras y ACSA e Inabensa, algunos de los sobres de sus proyectos les fueron devueltos sin abrir. Estas empresas, que han preferido no ahondar en el desarrollo del concurso, sí reconocen que "ha estado todo muy liado desde el inicio, desde la misma redacción del pliego".

Según denuncian Ogensa y San José, en la valoración se desestimaba el propio pliego sobre el que se tenían que basar los proyectos aspirantes. Es el caso de la valoración del uso de la plaza que resultaría del subterráneo en el menor tiempo posible. Este parámetro fue evaluado -para beneficio de Gyocivil-, pese a no aparecer en el pliego. Y lo que en el informe técnico se elogiaba, en el económico (ejecución en 14 meses mientras el resto de las empresas hablaban de 17) se calificaba -en detrimento de Gyocivil- de temerario y se puntuaba con cero.