El Gobierno andaluz dio a conocer ayer cómo tiene previsto adaptar la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía tras los cambios a los que obliga el real decreto 11/2010 aprobado por el Gobierno central, y que tiene entre sus objetivos la capitalización de las entidades para facilitar el flujo del crédito y la profesionalización de su gestión y de sus órganos de gobierno mediante la despolitización de las mismas. No obstante, la Junta mantendrá el control político sobre los procesos de fusión.

El decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno y presentado en rueda de prensa por el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, tiene entre sus novedades más destacadas la limitación de las retribuciones de los directivos de las cajas. Así, se prohíbe la percepción simultánea de dietas y sueldos, al igual que no se permiten los sueldos o indemnizaciones dobles (una por la caja y otra por la entidad bancaria).

Los directivos deberán elegir de cuál de las dos instituciones reciben sus remuneraciones. Y, en el caso de que la remuneración se perciba por la caja, ésta no será nunca superior a la retribución que perciba el presidente de la Junta de Andalucía, que es en la actualidad de 68.981 euros.

Es evidente, y así lo reconocen fuentes de la Junta, que se empuja a los directivos a que cobren del banco, donde los sueldos que perciben por ejemplo los presidentes de Unicaja o Cajasol son superiores al de Griñán. Todos los miembros de la comisión de control y del consejo de administración podrán percibir remuneración.

En esta fase de la reestructuración del sector, las tres cajas andaluzas se dirigen hacia la bancarización. Cajasol se encuentra en un proceso de fusión con Banca Cívica, en el que traspasará su negocio a un banco y se quedará con la Obra Social y edificios emblemáticos.

Unicaja, la más fuerte, creará un banco en el que tendrá sobre un 62% de representación junto a Caja España-Caja Duero. Y Cajagranada está en un SIP (Sistemas Institucionales de Protección) con una representación sobre un 20% en el que la voz cantante la lleva Caja Murcia.

El panorama, por tanto, ha cambiado, y mucho, desde que se diese a conocer el decreto ley del Gobierno en julio de 2010. La Junta ha agotado los plazos de adaptación para, señaló Ávila, conocer cómo quedaba el mapa financiero y no verse obligada a acometer consecutivos procesos de adaptación. La Junta persigue además que el decreto no perturbe los procesos de fusión en los que están inmersos las entidades andaluzas.

Siguiendo el espíritu de la norma estatal, el decreto ley reduce la representación pública en las cajas. En este sentido, se recoge tal cual la disposición que impide a cargo político electo o altos cargos simultanear las funciones en los órganos de gobierno. Así, deben desaparecer los políticos electos de las cajas en un plazo máximo de tres años. Respecto a los porcentajes de representación, las corporaciones municipales reducen su proporción del 22% al 15%, mientras que la Junta de Andalucía pasa del 15% al 12%.

Por el contrario, incrementa su peso (del 8% al 18%) el grupo englobado bajo la denominación de otras organizaciones, en el que se incluyen los colectivos con representación en el Consejo Económico y Social de Andalucía (empresarios, sindicatos, economía social y consumidores, entre otros). Si el órgano de gobierno era de unas 20 personas en una caja, los cargos electos son ahora mismo unos tres por caja, explicó Ávila preguntado por la representación de los políticos. En el caso de que la caja se convierta en fundación, estará bajo protectorado de la Consejería. También se impide las renovaciones totales de los órganos de gobierno cada seis años; serán parciales.

Otro aspecto destacado en la nueva regulación es la "recomendación" de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de gobierno de las cajas, tan desigual ahora. También se  obliga a que las cajas foráneas que operen en el territorio andaluz a través de SIP o de bancos reviertan con su obra social la proporción de beneficios.