Los colegios públicos andaluces tienen este curso 239 aulas menos que el anterior. La pérdida de unidades en Infantil y Primaria no es una novedad y suele explicarse con la bajada demográfica que se acusa en esas edades. Esta progresiva inversión de la pirámide poblacional, sin embargo, que es el argumento que esgrime la Administración educativa, no repercute en la misma proporción en la escuela concertada, cuyo recuento de aulas en el presente curso presenta un resultado positivo con respecto a la pública.

Los datos los ofrece el sindicato UGT: el balance de unidades en la concertada arroja un resultado positivo de nueve en los centros de educación especial, segundo ciclo de Infantil y Primaria, si se relaciona el curso pasado y el actual. Frente a la misma realidad demográfica, la escuela pública ha perdido este curso 239 y 1.181 en el global de los últimos tres cursos, según las cifras recopiladas por Ustea después de analizar la orden de la Consejería de Educación del 5 de noviembre. Estos números han recrudecido la discusión entre la Administración y los representantes del personal de la enseñanza.

La dialéctica pública-concertada no es, en efecto, una novedad. La cuestión de la supresión de unidades en las etapas de Infantil y de Primaria en la pública y la concertada, para una idéntica pirámide poblacional, la atraviesa una simple operación aritmética, siendo perjudicial el resultado sólo para la pública. Y los sindicatos, al unísono, sólo piden que no sigan desapareciendo unidades educativas, sea el tipo de educación que sea.

Los tres sindicatos consultados, que son una mera representación de los colectivos de los trabajadores en Andalucía, llegan al mismo diagnóstico. "Lo que realmente queremos es que se aproveche el descenso de la natalidad para reducir la ratio educativa, que permitiría avanzar en calidad y atención personalizada al alumnado", explica María de la Paz Agujetas, secretaria general de Feuso Andalucía.

Un planteamiento parecido arguye Ustea: "El descenso de la natalidad debería aprovecharse para solucionar el grave problema de masificación en las aulas", alega Carmen Yuste, responsable de Acción Sindical de Ustea. "En cambio", añade Yuste, "la Consejería mantiene altísimas ratios que rebasan en ocasiones el límite máximo legal y utiliza el dato del descenso de la natalidad para cerrar aulas públicas, mientras se mantiene prácticamente intacta la oferta de la enseñanza concertada". La cifra que maneja Ustea es de más de 10.000 estudiantes andaluces que reciben clases en aulas con ratios que "superan el máximo legal".

Para Ustea, "el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo educativo". Para la Consejería, en cambio, se trata de la falta de alumnado. "Lo único que hacemos es planificar en función de la demanda", dijo en junio en el Parlamento el consejero, Javier Imbroda. Sobre el motivo por el que la bajada de la natalidad y la escasez de escolares afecta principalmente a la escuela pública, Imbroda ha respondido que se debe al producto de los "conciertos, que se dan cada cuatro años". Imbroda subraya que estos acuerdos tampoco permiten elevadas subidas en la concertada. El resultado final, con todo, deriva en un perjuicio para la pública.

Los sindicatos ofrecen actuaciones alternativas para que la escuela pública no sufra la reducción de unidades que padece desde hace lustros: 1.342 unidades públicas desde 2012 a 2019, según las cifras aportadas por Imbroda en el Parlamento. Desde entonces, en tres cursos, han desaparecido 1.181, calcula Ustea.

Los representantes sindicales cargan particularmente contra el Decreto 21, de 17 de febrero de 2020, pues "provoca el trasvase de la demanda de los centros públicos hacia los privados concertados". Feuso presentó enmiendas a la Consejería de Educación y al Consejo Escolar de Andalucía para que esa norma incluyera una bajada de la ratio, aunque reprocha también al Ministerio de Educación por no incluirlo en la reforma educativa que plantea la Lomloe.

Ustea señala sin tapujos a la metodología empleada en el proceso de escolarización que contempla la norma. Las plazas públicas responden a la planificación anual de la Consejería de Educación. "Cada año", explica Yuste, "la Consejería hace un cálculo a la baja de las plazas ofertadas en cada centro público para el periodo de escolarización, cálculo a la baja que tiene un efecto disuasorio sobre las familias que optan por no escoger centros con pocas plazas disponibles, por miedo a quedar fuera de la adjudicación". "Para no seguir menguando la red de centros públicos andaluces, bastaría con que la Consejería ofertase las plazas públicas que se calculan desde los equipos directivos de los centros y no impusiese un recorte de plazas a priori", dice Yuste.

Los conciertos educativos se extienden en los centros privados cuatro años, periodo durante el que las plazas ofertadas permanecen prácticamente inalteradas. "El proceso de escolarización demuestra que las familias eligen mayoritariamente el centro público de su barrio o su pueblo, siempre que pueden hacerlo sin temor a quedar fuera de la adjudicación. Claro que, si sólo la enseñanza concertada tiene garantizado el mantenimiento de sus clases, la libertad de elección no existe y se acaba imponiendo la seguridad de que el colegio de tu hijo no va a ver recortada su plantilla y recursos de un año para otro".

Para evitar la sucesiva supresión de unidades públicas, UGT Andalucía propone una original medida: "Aplicar una moratoria de seis años en la que no se pierdan unidades, como sucede en la concertada", defiende Sandra Fernández, secretaria de Educación de UGT-A. Para este sindicato, seis años supone un periodo en el que se puede ver la tendencia demográfica verdadera de un lugar. "Lo que vemos incongruente es que se cree una unidad un año, al curso siguiente se suprima y al siguiente se vuelva a crear", remata Fernández.