Medio ambiente

Andalucía debe ejecutar aún 750 millones en infraestructuras del agua

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de retamar-El Toyo (Almería).

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de retamar-El Toyo (Almería). / Javier Alonso

Cada familia andaluza paga al año una media de 40 euros extraordinarios en el recibo del agua. Así ha estado sucediendo desde mayo de 2011. El motivo es el establecimiento de un gravamen, el canon del agua, que fue creada en 2010 con el propósito de financiar las infraestructuras de saneamiento y depuración de las aguas, una materia en la que Andalucía ha estado empeñada en suspender con ahínco desde demasiado tiempo. Atrás quedaron los tirones de oreja y las amenazas de las instituciones europeas, amagos que la Comisión Europea acabó materializando en sanciones millonarias que deberán ser satisfechas hasta 2025.

Europa tiene abiertos cinco procedimientos de infracción. Dos de ellos acabaron en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es posible además que en breve puedan aparecer más multas. En abril se inició otro procedimiento de infracción por el incumplimiento de 63 aglomeraciones urbanas repartidas por todo el territorio nacional, algunas de ellas en Andalucía. La multa está todavía en estudio.

Después de más de una década, el Gobierno andaluz ha recaudado 1.008.557.190 millones de euros por el citado canon. El dato corresponde al 31 de diciembre de 2020, la fecha a la que alcanza el último análisis realizado por la Consejería de Agricultura.

La inversión comprometida para la construcción de depuradoras es sin embargo a esa fecha, de 1.029.797.332 millones. Por tanto hay 21 millones de euros más comprometidos para gastar de los que hasta entonces había recaudado por el canon. De tal inversión comprometida (1.029 millones de euros), hasta ahora hay ejecutados con cargo al canon autonómico 259 millones, lo que supone el 25% del total. Un 13% (132 millones) se ha ejecutado con fondos europeos; el resto, 638 millones, está en ejecución con cargo a los ingresos del canon.

Éstas son las cifras que recoge Ecologistas en Acción en un informe del balance económico de los ingresos del canon de mejora autonómico hasta 2021, un estudio que muestra la deficiente gestión desde 2012 de los sucesivos Gobiernos autonómicos, que no encontraron el momento de gastar lo recaudado. La cosa ha cambiado. Las presiones de los ministros y de los comisarios europeos de Medio Ambiente han obligado a llevar a cabo unas mejoras en la gestión hídrica que amenazaba con el colapso. El estudio de Ecologistas en Acción, efectivamente, señala la aceleración en las obras de las infraestructuras declaradas en 2010 de interés autonómico en los últimos tres años.

El Gobierno defiende haber licitado todas las actuaciones pendientes

Es lo mismo que se traduce de la respuesta de la Consejería de Agricultura acerca de la millonaria partida pendiente de ejecución. "Hemos situado la política hidráulica en el epicentro de la agenda de la Junta. Por primera vez, Andalucía tiene una auténtica política de agua, basada en hechos e inversiones", aseguraron fuentes de la Consejería, que recordaron la aprobación del Pacto Andaluz por el Agua, el inicio de las 300 actuaciones de depuración declaradas de interés desde 2010 en los últimos tres años y medio, la licitación de 490 millones en infraestructuras de depuración y saneamiento.

La tasa del agua ha sido un motivo histórico de disputa en el Parlamento, que en 2010 aprobó la ley de Aguas de Andalucía que reguló el canon de mejora con la finalidad esencial de dar respuesta al principio de recuperación de costes, algo a lo que prescribía la legislación comunitaria.

La normativa andaluza fue modificada en 2019. El fin era gravar el empleo del agua de uso urbano para posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua, no sólo para la construcción de estaciones de depuración.

Ecologistas en Acción critican la supresión del canon en 2023

Introducido en la ley del Presupuesto de 2019, el primero elaborado por el PP y Ciudadanos en la pasada legislatura, este cambio da pie a que el Gobierno andaluz acometa actuaciones que mitiguen los efectos de la grave sequía que asola la región. Ecologistas en Acción lamentan por tanto el que en el discurso de investidura del presidente de la Junta, Juanma Moreno, se refiriera a la supresión del canon del agua para el ejercicio 2023. Fuentes del colectivo ecologista lamentan que vayan a desaprovecharse 140 millones de euros, la cantidad que la Administración andaluza ha ingresado en 2019 y 2020, los últimos ejercicios de los que existen datos.

El Gobierno andaluz ha defendido la medida en el marco de la reducción de impuestos y en el contexto de la anómala subida de los precios. "Permitirá a las familias tener que pagar menos en la factura del agua", ha declarado recientemente la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España. Entiende por tanto el Gobierno andaluz que, el estar ya en ejecución las infraestructuras hídricas de interés estratégico, la suspensión del citado canon no afectará a la construcción de las obras en marcha y, además, beneficiará "a las familias y a las empresas", como aseguró Moreno en el debate del pasado mes.

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