Andalucía

El empresario sevillano que se asoció a Enciso facturó 15 millones en 3 años

  • La juez que instruye el caso ordena el regreso a los calabozos de la mujer del interventor al no pagar la fianza de 90.000 euros · La esposa y la hija del alcalde quedan en libertad con cargos

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En sólo tres años, durante el periodo que va de 2003 a 2005, José Amate Rueda, el empresario sevillano detenido en el curso de la operación Poniente contra la corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), llegó a facturar 15 millones de euros. Pieza clave del entramado de negocios organizado alrededor de la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido, Elsur, Amate y sus familiares más cercanos, como su esposa Aurora Ávila y sus hijos, diseñaron una red empresarial -a base en más de un caso de compañías ficticias y tapaderas- que les reportó jugosos beneficios. El vehículo propicio para el negocio fueron las subcontratas que constituyó, y de las que es apoderado, a las que Elsur adjudicaba trabajos que pagaba con cantidades multimillonarias.

Vinculado durante mucho tiempo como ejecutivo al grupo Abengoa, Amate ostentó además el cargo de producción de Elsur hasta 2006. Su relación con el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, quedó reforzada en el momento en que el empresario sevillano contribuyó de forma notoria a la consolidación de la formación política que fundó y lideró Enciso, el Partido de Almería (PAL).

Ayer, la juez que instruye el caso, Montserrat Peña, siguió con el proceso abierto tras la veintena de detenciones registradas en la operación Poniente y ordenó que Isabel C. S., esposa del interventor municipal , José Alemán, considerado por los investigadores como el cerebro de toda la red -o al menos uno de sus principales organizadores- pasara la noche en los calabozos al no hacer efectiva la fianza de 90.000 euros.

La juez le imputa los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho y tráfico de influencias, por lo que dictó un auto de prisión provisional, eludible bajo fianza de 90.000 euros.

Las otras tres imputadas que declararon ayer han quedado en libertad con cargos. A Francisca Aguilera, esposa de Enciso, se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibido salir de España. Se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Además, tendrá que comparecer ante los juzgados los días 1 y 15 de cada mes. La hija de ambos, María Encarnación, ha quedado también en libertad con los mismos cargos, pero sin la obligación de acudir a los juzgados. En una situación similar ha quedado la cuñada del interventor, Rosalía G. V. Se le imputan los mismos cargos que a la hija de Enciso. El alcalde será uno de los últimos en declarar. Según su abogado, Enciso está convencido de "haber actuado bien".

Posteriormente, la juez ordenó a última hora de la tarde el regreso a comisaría de las dos mujeres que permanecían en las dependencias judiciales para prestar declaración por su presunta implicación en la trama tras haber sido detenidas en Sevilla. Las declaraciones se reanudarán hoy, para lo que además de volver a citar a estas dos mujeres, una hija y la esposa de Amate, se llamará a declarar a María Gema P. y Yolanda G., mujer e hija de Juan Antonio Galán, arrestados en Madrid.

La instrucción del sumario, compuesto por más de 15.000 folios, revelará, junto con los testimonios, las imputaciones entre los veinte detenidos.

Una vez que acabe la instrucción todo apunta a que finalmente será la Audiencia Nacional. La ley establece que los hechos "deben ser juzgados en el juzgado del lugar donde se hayan producido", sin embargo, en este caso "si el sumario confirma que los delitos se extienden a otras provincias diferentes, y de distintas comunidades autónomas, el tribunal competente es la Audiencia Nacional".

Todo dependerá si como todo apunta, las ramificaciones de los delitos se extienden también a Madrid y Sevilla. "En este caso se trataría de un supuesto de inflexión" que llevaría a que el juez que instruye el sumario "tendría que inhibirse si en el transcurso de la investigación comprueba que se sobrepasan sus competencias". El proceso establecido es dictar un auto que "dictamine que no es competente". Este caso presenta una "instrucción presumiblemente compleja" y por "la naturaleza de los delitos es lógico que culmine en la Audiencia Nacional".

Mientras, el equipo de gobierno del Ayuntamiento, con Ignacio Berenguel, concejal de Obras Públicas), al frente como alcalde en funciones, leyó un manifiesto en el que quisieron dejar claro que confían "plenamente en la honradez de Juan Enciso". Berenguel, arropado por el resto de concejales del PAL, compareció en el salón de plenos del Ayuntamiento para expresar con contundencia que Enciso cuenta con todo el apoyo de su gobierno. Así, el alcalde en funciones, pidió a la justicia que actúe con celeridad para aclarar lo antes posible el entramado desvelado por la operación Poniente.

En el manifiesto, también se pide a los ciudadanos y a los funcionarios de la institución municipal respeto hacia Enciso. Y es que, como indicó Berenguel, existe la presunción de inocencia para todas las personas que están sujetas a una investigación.

El edil destacó que el equipo de gobierno seguirá trabajando con toda normalidad "de acuerdo a la confianza que los vecinos nos depositaron en las urnas en las elecciones municipales", por lo que trasladó a los funcionarios la tranquilidad y serenidad que requieren estas situaciones, al mismo tiempo que pidió calma a los vecinos de El Ejido. Por último, pidió a los trabajadores del Ayuntamiento que afronten estos días actuando con "profesionalidad y seriedad".

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