Andalucía

Los empresarios acusan al SAS de la pérdida de facturación de las boticas

  • Ceofa teme una caída de 90 millones por la salida de 250 productos del canal farmacia

Nunca se sabe si la imagen de la farmacia empeora o mejora cuando desde ese entorno se publican datos de caídas en su facturación. Instalada la percepción -y las medias estadísticas- de que las boticas facturan mucho dinero, una caída de ingresos, con la que está cayendo, se entiende como un mal menor para un sector del que, se dice, tiene bien cubierto el riñón. El caso es que los representantes empresariales de las farmacias andaluzas acaban de echar cuentas y creen que alguna de las últimas medidas de ahorro adoptadas por la Junta les va a reportar pérdidas de facturación de 90 millones.

En concreto, la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) considera que la decisión de la Consejería de Salud de sacar de las farmacias la dispensación de 250 presentaciones de medicamentos y llevársela al ámbito hospitalario "hará perder un total de 90 millones de euros en la facturación del conjunto de las farmacias". Eso significa unos 18 millones de pérdidas en el margen de beneficio, si hablan los boticarios, o de ahorro, desde la perspectiva del SAS.

Ceofa, organización integrada en la CEA, considera que las farmacias andaluzas ya han hecho mucho para echarle una mano a la sanidad pública. Esa ayuda, en términos de ahorro, era estimada recientemente por esta agrupación empresarial en unos 1.000 millones de euros desde 2003, gracias, fundamentalmente, al apoyo de los boticarios a las políticas de receta sin marca estimuladas desde la Junta, que ha permitido por su parte, a las farmacias, hacer caja con su capacidad de sustitución y gestión de stocks.

Esa piedra angular de la política farmacéutica andaluza ha sido la base de una próspera relación por ambas partes que, desde el estallido de la crisis, se ha ido oscureciendo. Los farmacéuticos han encajado en menos de un año dos decretos estatales de recorte de beneficios y, sobre ese suelo mojado, ha llovido la propuesta de la Consejería de Salud de obtener ahorros adicionales en la factura pública de medicamentos a costa no de los márgenes oficiales (aunque sí oficiosos) de las farmacias, sino de las condiciones preferentes que puedan ofrecer los laboratorios fabricantes. Desde el pasado otoño se vienen desarrollando diversos contactos entre los boticarios y la Junta para articular esa nueva propuesta de colaboración; hoy por hoy el asunto está todavía muy abierto y, en cierto sentido, polarizado: la Consejería de Salud tiene claro que esos ahorros los va a obtener sí o sí y los representantes de los farmacéuticos, salvo una singular minoría, dicen que ya han pagado bastante y que lo que quiere la Junta es ilegal. Lo que quiere la Junta, en realidad, no está tan claro. Los meses han ido arrojando luz sobre el concepto inicial de subasta de medicamentos al mejor postor y ahora, lo que se deja entrever, es una propuesta, enmarcada en un plan sectorial más amplio, en la que se habla de una "selección de determinados medicamentos de un número limitado de subgrupos terapéuticos por la bonificación que ofrezca su fabricante". Eso, para Ceofa, es ilegal porque invade competencias estatales de fijación de precios de los medicamentos. Si los colegios profesionales, interlocutores de la Junta, lo aceptan, "podría convertir a los farmacéuticos en cooperadores necesarios" de una ilegalidad.

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