Juan Carlos Cofrade Santillana, un famoso 'mentalista' extremeño que fue detenido el pasado 7 de agosto por el Cuerpo Nacional de Policía por los supuestos delitos de intrusismo profesional y falsedad documental, ha ejercido como médico en la Zona Básica de Salud de Cumbres Mayores desde el mes de enero de este año hasta el pasado 23 de octubre, fecha en la que renunció al cargo por "motivos personales", según precisaron ayer desde la Delegación Provincial de Salud.

Aunque en un principio fue contratado para incorporarse al dispositivo de apoyo que el SAS tiene previsto en esta zona de la provincia, durante estos diez meses ha estado pasando consultas en el consultorio de Hinojales, donde cubría la baja del médico titular. Durante este tiempo también ha cubierto algunas guardias en los centros médicos de Cumbres Mayores, Arroyomolinos de León y Cañaveral de León.

Desde Salud se indicó ayer que en su contratación se realizaron las pautas establecidas, ya que ante la falta de profesionales para cubrir las plazas vacantes, se acudió a la oferta de empleo, donde se encontraba Juan Carlos Cofrade, quien ante las oficinas del SAS presentó el correspondiente título médico, que estaba avalado por la Universidad de San Martín de Porres de Perú y homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Tras la actuación policial, que se dio a conocer el pasado 20 de octubre, la Delegación Provincial de Salud inició una investigación para esclarecer este asunto, que conllevó, primero con la renuncia "por motivos personales" de Juan Carlos Cofrade a su plaza, y la posterior decisión, tomada ayer, de remitir hoy miércoles un escrito informativo a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva para que estudie si es oportuno abrir diligencias en este caso por si esta persona hubiera cometido algún tipo de delito.

Asimismo, los servicios jurídicos del SAS están estudiando en la actualidad si se personan en la causa abierta que tiene la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cáceres contra Juan Carlos Cofrade, quien tras la actuación policial quedó en libertad con cargos.

Y es que la Fiscalía extremeña ya se pronunció sobre Juan Carlos Cofrade hace más de un año y medio, tras haber recibido una denuncia del Colegio Médico de Cáceres en la que se ponía de manifiesto que Santillana "puede estar ejerciendo la profesión médica pese a carecer de la titulación necesaria para ello y haber obtenido la homologación de su título y el alta en el Colegio de Médicos mediante la aportación de documentos que pueden ser falsos".

Ante estos hechos, que podían ser constitutivos de un delito de falsedad documental y de un delito de intrusismo, el fiscal solicitó en abril de 2007 del Juzgado Decano de Cáceres la apertura de diligencias de investigación, requerir al denunciado que aportara el título supuestamente falsificado para remitirlo a la Policía Científica para que ésta informara sobre la supuesta alteración del mismo, y tomar declaración como imputado a Juan Carlos Cofrade. De igual forma, se solicitaba, como medidas cautelares, "de protección de los perjudicados que, como pacientes, puedan acudir al denunciado", que hasta se concluyera la investigación se ordenara la suspensión de su alta como colegiado y se le prohibiera el ejercicio de la medicina.

Según publicó el Periódico de Extremadura el pasado 23 de octubre, de esta causa se hizo cargo el Juzgado de Instrucción 4 de Cáceres, que ya tomó declaración al acusado, y también recibió el título y demás documentación requerida; pero lo que al parecer no ha hecho efectivas aún son ninguna de las dos medidas cautelares solicitadas por el fiscal.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Cáceres decidió darle de baja como colegiado, tras confirmar que el expediente aportado por Santillana sí era de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, aunque de otra persona.

Desde el SAS en Huelva se justifica el desconocimiento del proceso abierto en Cáceres, por el hecho de que en Andalucía no es necesario estar colegiado para poder ejercer como médico.

Por los delitos que le imputan , este 'falso' médico podría enfrentarse a penas de más de seis años de prisión. Por el de falsedad se podrían pedir de entre 6 meses y 4 años y medio de prisión, que son las penas que se establecen cuando hay más de dos falsificaciones; mientras que por el delito de intrusismo, que normalmente se sanciona con multa, podría castigarse con penas de 6 meses a dos años de prisión "por poder ser de aplicación el subtipo agravado, aplicable cuando el culpable se atribuye públicamente cualidad profesional amparada por el título correspondiente, que sería este caso.