Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) durante más de tres décadas y exvicepresidente de la Federación Española (RFEF), afronta la próxima semana en la Audiencia de Sevilla el primero de los dos juicios que le esperan por cometer, en opinión de la Fiscalía, supuestas irregularidades en la concesión de ayudas para la construcción de campos de fútbol en Huelva y Granada. El Ministerio Fiscal lo acusa de malversación, falsificación y apropiación indebida y, entre las dos causas, solicita un total de dieciséis años de prisión para un hombre que lo fue todo en el fútbol andaluz. Su defensa asegura que no malversó, no falsificó y no se apropió de nada y pide su absolución o la prescripción de los hechos de Huelva, que serán juzgados a partir del próximo lunes. Los otros aún no tienen fecha de señalamiento.

Juicio sólo hay uno por ahora pero calificaciones ya hay dos. Por los hechos de Huelva, la Fiscalía pide ocho años de prisión por dos delitos de falsedad en documento mercantil, uno en concurso medial con otro delito de malversación y otro en concurso medial con un delito de apropiación indebida. Por los de Granada reclama otros ocho años por dos delitos de falsificación en concurso medial con dos de malversación.

En la primera causa también están acusados el ex delegado federativo en Huelva Félix Pérez Romón (exvicepresidente de la RFAF) y uno de sus hijos, para quienes la petición es de nueve años y medio, y la mujer de Pérez Romón, para quien el Ministerio Público reclama un año y medio.

Según la fiscal, Herrera y “su amigo” Pérez Romón se concertaron en 2009 para que una subvención del Consejo Superior de Deportes (CSD) canalizada a través de la RFEF para obras de mejora en los campos de La Orden, por un importe de 78.895,65 euros, “pudiera beneficiarles”. Como debían elegir entre tres empresas, “introdujeron en el expediente” dos presupuestos ficticios de sociedades que “habían dejado de tener actividad años antes” más el de Invergabe, administrada por Pérez Romón y su hijo, a la que “fue a parar la subvención”. Después emitieron dos facturas relacionadas con iluminación, vestuarios y postes, pero “desviaron parte a su propio provecho”, en concreto 6.500 euros.

El mismo procedimiento, según la fiscal, se repitió con una subvención de 63.139,18 euros provenientes de “recursos propios” de la RFAF para montar un campo de fútbol playa en La Orden. Invergabe emitió el 23 de marzo de 2012 una factura en la que aparecían partidas “por un importe superior a lo que realmente fue ejecutado”. La Fiscalía calcula un “exceso” de más de 20.000 euros pero no lo concreta porque el campo en cuestión fue derribado durante la instrucción.

En su escrito de defensa, el abogado de Herrera destaca que la RFAF “no es órgano subvencionador sino, a lo sumo, beneficiaria de subvenciones públicas finalistas”, por lo que “su presidente no es funcionario público a efectos penales”. Además, las obras de 2009 en La Orden “fueron terminadas en su totalidad y en perfecto estado de ejecución”. En cuanto a las facturas, Herrera “ni se apropió de ese importe ni permitió que nadie lo hiciera”, apostilla. Y en el proceso del campo de fútbol playa “no consta intervención alguna” del entonces presidente, “y mucho menos que se apropiara de cantidad alguna”, remata su letrado, Adolfo Cuéllar (Zurbarán Abogados). Por tanto, “no es autor de delito alguno”.

Ya hubo un primer archivo en 2013 y la propia Federación se apartó del caso el año pasado

Es más, en 2013 ya se archivó una denuncia contra Herrera y Pérez Romón por estas subvenciones que acabaron en la cuenta de la mercantil ligada a la familia del delegado onubense.

Los primeros hechos de Granada datan de 2008. El CSD y la RFEF concedieron 576.599,51 euros a la RFAF para instalar un tapete de césped artificial en el campo de El Zaidín. Según la Fiscalía, Herrera se saltó el pliego de condiciones, que obligaba a que el contrato fuese negociado con publicidad –la defensa niega este punto–, y “consiguió” que la adjudicataria fuese OPSA, aunque “se desconocen las razones de dicho favorecimiento”. Para ello presuntamente obró como en Huelva, con otros dos presupuestos irreales. En 2011, añade la acusación pública, ocurrió lo mismo con otra ayuda de 70.195,41 euros destinados a montar marquesinas también en El Zaidín. En este caso, la beneficiaria fue Poligras Ibérica.

La RFAF se personó como acusación particular al principio del procedimiento al ser “perjudicada por estos hechos”, pero el 7 de julio de 2021 se apartó del caso de Huelva y el 24 de enero de 2022 hizo lo mismo con el de Granada. En ambos casos solicitó el sobreseimiento de las piezas.

Durante la investigación, Herrera defendió en el juzgado que los presupuestos se ajustaron a la legalidad y que las obras fueron justificadas.