El que fuera jefe de la delegación en Sevilla de la dirección general de Formación para el Empleo, Daniel Fito, afirmó ayer a la juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en las ayudas a la formación, que las empresas que recibían las subvenciones justificaron casi el 100% de las ayudas, y trasladó el problema a la comprobación que debía realizar la Administración, al explicar que cuando él se incorporó en el puesto, en el año 2011, se estaba comprobando la justificación de las ayudas concedidas en 2009, lo que supone dos años de retraso.

El funcionario, que es uno de los 11 jefes de servicio que en su día fueron imputados por la juez Mercedes Alaya en la macrocausa de los cursos, explicó que la ley andaluza no prohíbe que se concedan nuevas subvenciones si no se han justificado por completo las anteriores, lo que prohíbe la norma es el pago de las nuevas subvenciones cuando no se hayan justificado las anteriores, precisó. 

Según la declaración del funcionario, el excesivo volumen de expedientes sin justificar es lo que llevó a la Administración a dictar las órdenes de exceptuación como una solución ante el retraso en la comprobación de la justificación de las ayudas y todo ello porque, añadió, las empresas habían justificado casi el 100% de las ayudas.

La declaración del funcionario se produce después de que la Junta de Andalucía remitiera a la juez Bolaños un informe en el que reprocha que la Guardia Civil haya llegado a "conclusiones erróneas" por la ausencia de información esencial que no ha tenido en cuenta o por la "errónea interpretación" de la información o de la norma aplicable, todo ello en relación con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del pasado 21 de enero sobre la finalización de la línea de investigación relativa a la posible responsabilidad de la Administración.

En ese escrito, la Consejería de Empleo critica el atestado de la Guardia Civil respecto al "uso generalizado" de las resoluciones de exceptuación, que permiten a la Administración proponer el pago de nuevas subvenciones aunque no se hayan justificado las anteriores "por razones de interés social". La Junta aclara que la exceptuación es una figura contemplada en la ley general de la Hacienda Pública andaluza y concluye que "la formación de los trabajadores desempleados que necesitan mejorar su empleo, se ha considerado suficiente causa de interés social". 

De la misma forma, subraya la Administración que la exceptuación de una ayuda "en ningún caso supone ni permite dejar de cumplir con la obligación de justificación" de las mismas, y recuerda que la ley permite sustituir los justificantes de gastos -como las facturas- por un informe elaborador por un auditor inscrito en el registro oficial de auditores.

Sobre la supervisión de los cursos, el ex jefe de servicio destacó que se ha llevado a cabo en su totalidad, salvo en el año 2010, en el que se visitaron sólo el 10% de los cursos, un porcentaje que no obstante supone el doble de las visitas que se fijan en la normativa estatal, que sólo establece un 5% de visitas.