Los funcionarios adscritos a la Oficina para la Prevención de la Corrupción tendrán la potestad de interrogar a otros trabajadores públicos de la Junta y sus entes instrumentales, quienes tendrán la obligación de colaborar si no quieren ser sancionados. Según el decreto de creación de dicho organismo, las "entrevistas" para detectar prácticas fraudulentas podrán extenderse a particulares y empresas privadas que hayan trabajado con la Administración andaluza o reciban subvenciones de ésta. En estos casos, la participación en la investigación es voluntaria.

Según explicó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, serán quince los funcionarios que integren la plantilla de esta oficina, que empezará a funcionar a principios de 2018 y tendrá un coste de 500.000 euros. Los trabajadores del nuevo organismo también podrán solicitar documentación para sus indagaciones en cualquier dependencia de la Junta y su administración paralela y acceder a sus bases de datos y cuentas.

La oficina sólo tiene potestad de aplicar el régimen sancionador de la propia Junta, que puede ir desde una amonestación hasta el cese del funcionario en caso de falta grave. También podrá pedir el reintegro del dinero defraudados, si se da el caso. En caso de detectar responsabilidad contable, elevará el asunto al Tribunal de Cuentas, mientras que si hay delito, la oficina se inhibirá en favor de la instancia judicial.

El decreto de creación de la entidad, que se aprobará en el Consejo de Gobierno después del verano, también establece los métodos que hay que seguir para poder denunciar las prácticas fraudulentas. La oficina puede actuar de oficio y lo hará de forma aleatoria a lo largo del año, sobre todo analizará los procedimientos incluidos en un catálogo de prácticas más vulnerables, es decir susceptibles de que se produzca un fraude. Además, cualquier ciudadano podrá notificar una sospecha -incluso de forma anónima-, tanto por vía telemática como telefónica. La denuncia también podrá hacerse de forma presencial, aunque la ubicación física de éste organismo aún no se ha fijado.

Montero insistió en la obligación que tienen los trabajadores públicos de denunciar cualquier comportamiento anómalo, pero el decreto también otorga un papel prevalente a los grupos parlamentarios. El resultado de las investigaciones que partan de denuncias de los partidos serán divulgadas públicamente, como la memoria anual que tendrá que redactar la oficina y presentar en la comisión de Hacienda.

La Oficina para la Prevención de la Corrupción estará adscrita a la consejería que dirige María Jesús Montero, quien garantizó la independencia del nuevo organismo pese a englobarse en el organigrama de su departamento. La titular de Hacienda explicó que se trata de la misma consideración de la Agencia Tributaria o la Intervención General, "y nadie duda de su independencia".

Otra muestra de esta externalidad defendida por Montero es que el director del organismo será un funcionario de carrera con más de quince años de servicio y con experiencia en ámbitos como el control financiero, la inspección y las contrataciones. Será nombrado por Montero, pero a petición de un tribunal de selección compuesto por representantes de la Inspección General de Servicios, la Intervención General y el Gabinete Jurídico de la Junta y no podrá ser cesado por decisión del Ejecutivo.