Dos hechos han convulsionado el mundo de la Justicia esta semana: el paro de los secretarios judiciales, para apoyar a su compañera Juana Gálvez, sancionada por el caso Mari Luz, y para protestar por la falta de medios; y, ese mismo día, las juntas de jueces, en las que éstos debatieron sobre las condiciones en las que se desarrolla actualmente su trabajo. La situación desembocó en un pulso con el poder ejecutivo y ha generado un intenso debate. En el trasfondo está el caso Mari Luz y la sanción de 1.500 euros al juez Tirado, recurrida por la Fiscalía y que el Consejo del Poder Judicial resolverá muy probablemente a finales de noviembre. Este periódico ha preguntado a jueces, abogados, fiscales y representantes de la Administración Pública andaluza sobre algunas de estas cuestiones.

3¿Corporativismo judicial para tapar faltas particulares?

La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, cree que cualquier sector "tiene derecho a denunciar y a reclamar mejores medios, pero a nuestro juicio lo que se está haciendo es intentar tapar una falta de profesionales de la Justicia disfrazándolo de otra cosa". Rafael Lara, portavoz del Colegio de Secretarios Judiciales, insiste en que es la ausencia de reformas lo que les llevó a convocar el paro. "No es una excusa, la excusa es precisamente la alegación de corporativismo, excusa para encubrir la propia responsabilidad en esta situación de crisis". Algunos jueces aportan su punto de vista. "Estamos cansados de que, a pesar de nuestro esfuerzo personal, trabajando con medios y una estructura organizativa propia del siglo XIX, los reproches y críticas a nuestra función jurisdiccional sean continuos y absolutamente desproporcionados y despectivos", afirma Manuel Caballero Bonald, decano de Málaga. "Cuando ocurrió el asesinato de la pequeña Mari Luz salieron a la luz nuevamente las carencias y el poder político habló de lluvia de medios para la Justicia: nada de nada", dice el decano de Granada, Antonio Moreno.

3Depuración de responsabilidades en el caso Mari Luz.

La mayoría de los consultados cree que éstas no se agotan en la secretaria Juana Gálvez y en el juez Tirado. Éstos son sus argumentos: "Si por ejemplo alguien encarga a un arquitecto que trabaja para la Administración la realización de cien proyectos al año y además pretende que controle cada obra ladrillo a ladrillo con unos medios propios del siglo XIX, habría que preguntarse, en el supuesto de un fallo en la edificación, si la responsabilidad es de dicho arquitecto o de quien le ha encargado tan inabarcable trabajo, dice Manuel Caballero. "Se ha autoexculpado la administración dotacional y el Ministerio fiscal", apunta Antonio Moreno. La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, recurre también a una imagen gráfica: "A fecha de hoy puede seguir sucediendo que una persona esté en busca y captura por un jugado de una localidad y se esté presentando en otro juzgado para el cual esté perfectamente localizable. No es tanto cuestión de depurar responsabilidades sino de extraer consecuencias a todos los niveles de lo sucedido". En la misma línea se manifiesta Lorenzo del Río, presidente de la Audiencia de Cádiz y portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria: "Con las posibles sanciones a juez y secretaria no quedarán resueltas ni depuradas otras responsabilidades: las disfunciones, la carencia de medios y la falta de coordinación con la que se administra Justicia en España. Vivimos en el siglo XXI y todavía se trabaja con medios del siglo XIX. Pasen por nuestra Hacienda Pública y comparen". Evangelina Naranjo es tajante en este aspecto: "En un Estado de derecho la responsabilidad se depura en función de la falta cometida, así está estipulado".

3Posible injerencia del Gobierno en el expediente al juez Tirado.

Para Caballero Bonald, la simple opinión no es una injerencia: "Lo que sí es una injerencia indudable son las continuas declaraciones y críticas de responsables políticos en relación a la levedad de la sanción impuesta, en lo que es una campaña sistemática que incluye la duración y entidad de la sanción a imponer". Evangelina Naranjo cree que "no hablamos de un fallo judicial, que es como se manifiesta el poder judicial, cuando un juez dicta sentencia, aquí se opina de las decisiones del órgano de gobierno de los jueces, que no dicta sentencia". "Y no sólo el Gobierno ha opinado sobre esta decisión disciplinaria, hay otros que también lo han hecho", añade la consejera.

3El eterno problema de la falta de medios en la Justicia.

Es la única cuestión a la que ha respondido Miguel Carmona, uno de los cuatro vocales andaluces del CGPJ: "Se han hecho grandes esfuerzos y se han duplicado y triplicado las inversiones. Lo que pasa es que ha aumentado mucho la demanda, lo cual demuestra que no es cierto que no se confíe en la Justicia. Y, a la vez, ha faltado previsión para adecuar los medios a esa demanda exponencial". Otros son más duros que Carmona. Antonio Moreno dice que "sigue sin dotarse a la Justicia de los medios necesarios, porque la Justicia no interesa, porque somos de los últimos países europeos en ratio de jueces por habitante y retribuciones, por detrás de Grecia y Portugal". José María Rosales es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y argumenta que "es muy probable que la Administración de Justicia sea la gran asignatura pendiente de la democracia Española. Parece que no es rentable políticamente". En ello abunda Lorenzo del Río: "¿Por qué, si no, nuestros responsables hablan ahora de la triple "m": modernización de la oficina judicial, modernización informática y modernización de la planta y distribución del trabajo? Simplemente porque no se ha hecho, porque los partidos políticos se han ocupado más del control político de la Justicia que de su funcionamiento eficaz". Evangelina Naranjo cree que no sólo se trata de falta de medios: "El procedimiento de enjuiciamiento criminal data del siglo XIX y hace falta una profunda reforma procesal y una reforma de la Ley del Poder Judicial. Por muchos medios que haya, los procesos judiciales van a seguir siendo los procesos".

3Las consecuencias del 'espíritu del 21 de octubre'.

La consejera de Justicia afirma que "ahora más que nunca es necesaria una reforma judicial y la oposición, al ser un asunto de Estado, debe tomar conciencia de ello". Caballero Bonald habla de "llamada de atención sin precedentes y prácticamente unánime de la carrera judicial". Segarra cree que el verdadero punto de inflexión sería más bien "la fecha de la muerte de Mari Luz". Rosales es más cauto y recela de esta movilización: "Caminemos por las sendas constitucional y autonómica para conseguir una mejor a Administración de Justicia".