Los inspectores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) solían visitar dos veces las sedes donde se daba formación profesional a los parados; una, al principio del curso y la otra, cerca del final. Sin embargo, las inspecciones se desplomaron en el año 2010 en las provincias de Sevilla y de Málaga, un hecho que ha extrañado a la Cámara de Cuentas, como dejó constancia en su último informe (enero, 2014) sobre formación profesional para el empleo en Andalucía. Ha sido en Málaga donde la Seguridad Social ha apreciado las últimas irregularidades en estos cursos que servían para formar a parados, y que obligaban a las empresas subvencionadas a contratar, al menos, al 60% de los cursillistas durante seis meses.

La Seguridad Social solicitó información a la Junta sobre 17 cursos dados en Málaga en el año 2010, y ha sido este motivo el que condujo a la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. No obstante, la Consejería de Educación, al departamento que pasaron las competencias de formación profesional en 2012, ha solicitado a un total 56 empresas la devolución total o parcial de las subvenciones. De momento, se desconoce la extensión de la investigación de la Policía, que aún no ha sido remitida a la Fiscalía de Málaga, aunque fuentes policiales mantienen que será más extensa y que llegará a otras provincias, como Granada y Almería.

En cualquier caso, lo que sí parece claro es que en el año 2010 el control del SAE bajó hasta niveles poco operativos para conocer qué ocurría en con los cursos. Hay que considerar que era este servicio el encargado de controlar los cursos hasta que las competencias pasaron a Educación. Así, en el año 2009, se inspeccionaron en Málaga el 59% de los cursos, un porcentaje muy bajo comparado con otras provincias, donde, en efecto, se visitaban todos, pero es que en 2010, sólo se visó el 33% de estos programas. Así consta en el último informe de la Cámara de Cuentas, un informe, por otra parte, muy duro porque advierte de posibles responsabilidades administrativas y contables en los casos de cursos dados por la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), un organismo público de la Consejería de Empleo que no estaba sometida por regla general a las inspecciones por su naturaleza. Las responsabilidades contables pueden ser juzgadas ahora por el Tribunal de cuentas, que a diferencia del andaluz, cuenta con una sección de enjuiciamiento. Uno de los casos más llamativos de la falta de inspección es la de la provincia de Sevilla, donde en el año 2010 sólo se visitó al 10% de los cursos. Según consta en el informe de la Cámara de Cuentas, de enero de 2014, aunque relativo a los años 2009 y 2010, los curso de teleformación se llegaban a inspeccionar desde provincias diferentes a aquellas en las que se impartían.