Fraude en la formación

Los interventores de la Junta coinciden en el cúmulo de irregularidades en los cursos de formación

  • Los interventores provinciales en Córdoba, Granada, Huelva y Jaén se quejan de la falta de recursos y del desorden de los expedientes, cuya práctica totalidad presentaba deficiencias.

Los interventores provinciales de la Junta de Andalucía en Córdoba, Granada, Huelva y Jaén han coincidido en el cúmulo de irregularidades que se producía en los expedientes de las subvenciones de los cursos de formación, que en algunos casos alcanzaba al "cien por cien" de las ayudas.

Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria sobre el presunto fraude, el interventor en Huelva, Miguel Ángel Bermúdez, ha citado entre las irregularidades -que motivaron informes especiales de la Intervención en las ocho provincias- "mucha negligencia a la hora de exigir reintegros, no actuar con la debida contundencia y dar lugar a pagos indebidos al liquidar subvenciones". "Prácticamente el cien por cien de los expedientes de formación presentan irregularidades", ha dicho García Bermúdez, quien ha hablado también del incumplimiento sistemático de las líneas de contratación, de expedientes sin documentación mínima indispensable o "incorrecta y con graves defectos".

También el interventor de Granada, Miguel Gutiérrez, ha señalado que de los 82 expedientes revisados como muestra de un total de 841 "todos tenían alguna irregularidad", si bien ha matizado que en algunos casos se trataba de "formalidades", como la falta de documentación o la existencia de fotocopias sin compulsar. "De los 82 expedientes que vimos no se libra ninguno", ha dicho Gutiérrez, que ha destacado que a su departamento no llegaba en algunos casos "ni la resolución de la concesión de las ayudas ni la solicitud de la subvención", por lo que en algunos expedientes "faltaba todo".

Ha ratificado el "desorden" en el que les llegaron los expedientes enviados desde la delegación provincial de Educación, que adujo para justificarlo "que se había digitalizado la documentación y la empresa los había desordenado" y ha concluido que "se formó un follón brutal". "Había carpetas que abrías y no había nada", ha explicado el interventor, quien ha abundado en la falta de medios puesto que contaba con 14 personas que "no eran suficientes para este trabajo", para el que empezaron a "bucear en una cosa en la que no se tenía ninguna experiencia y era muy gorda".

El interventor provincial de Córdoba, Antonio Escudero, también ha sostenido que "en absoluto" cuenta con recursos para llevar a cabo el trabajo que requiere este tipo de informes y se ha mostrado convencido de que los expedientes de subvenciones entre el 2002 y 2008 "han prescrito". Preguntado por si esto supondría menoscabo de fondos públicos, el interventor no lo ha descartado, de igual modo que el representante de Granada, quien ha que dicho que es "de los que piensa que puede haberlo" pero que no lo puede decir "rotundamente", mientras el interventor de Huelva se ha ratificado en que sí se produjo.

Por su parte, el interventor de Jaén, Pedro González Gámez, ha afirmado que no se ha "cumplido la legalidad" aunque esto es "muy difícil de medir", y ha considerado que no ha habido menoscabo de los fondos públicos. González ha hecho también hincapié en la "considerable carga de trabajo" y ha subrayado que contaban con medios materiales y humanos "totalmente insuficientes, salvo puntualmente". "El informe realizado concluye que no se ha cumplido la legalidad, pero en un procedimiento de auditoría es muy difícil de acreditar porque hay cuatro parámetros", ha explicado.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha hecho un balance de las comparecencias de los seis interventores provinciales que han pasado hasta el momento por la comisión, y ha dicho que la Junta no ha dotado a los servicios de intervención de los medios adecuados para hacer su labor, de ahí que se haya producido una "relajación" en los controles que se ha materializado en "irregularidades de todo tipo". La portavoz de Ciudadanos, Marta Bosquet, ha dicho que la Junta debe ofrecer una explicación a los andaluces sobre el presunto menoscabo de fondos públicos y los posibles expedientes prescritos desde 2008 hacia atrás. La portavoz de IU, Elena Cortés, ha dicho a modo de conclusión que se ha constatado que no tenían medios "idóneos" y que el SAE no mandaba documentación "y la que enviaba servía para saltar los controles".

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