La juez Mercedes Alaya ha asumido la investigación abierta en febrero pasado por el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla para determinar un presunto fraude relacionado con la "contratación y percepción de salarios" por parte de Antonio Torres García, el que fuera histórico alcalde de Lebrija (Sevilla) durante 23 años y que percibió de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) más de 535.000 euros en sólo ocho años sin que se haya podido determinar si tenía "despacho o lugar concreto" de trabajo en esta fundación.

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que mantiene abierta otra causa por irregularidades en el pago de ayudas a cursos de formación, decidió incoar unas diligencias independientes relacionadas con la contratación del ex alcalde en la Faffe. Estas nuevas diligencias se han iniciado a raíz de la investigación desarrollada por la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Huelva, que investiga una causa en la que está imputado un hijo del ex alcalde como presunto testaferro del empresario José Sivianes Sánchez.

La investigación del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla se cruzaba con la que realiza la juez Alaya, que en enero pasado abrió una línea de investigación específica sobre las subvenciones que por importe de 85,7 millones recibió la Faffe. En una providencia del pasado 11 de marzo, la juez Patricia Fernández Franco decidió remitir la investigación a Alaya, que ha incorporado las actuaciones a las diligencias de los cursos de formación.

En un informe remitido en febrero pasado al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, los investigadores de la Agencia Tributaria constatan que Antonio Torres García, tras haber sido alcalde de Lebrija durante 24 años (entre 1979 y 2003), fue contratado en julio de ese año por la Faffe, en la que prestó servicio hasta mayo de 2011, cuando sus trabajadores pasaron a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El ex alcalde, que ya se ha personado en las diligencias judiciales abiertas como parte, continuó en el SAE hasta su jubilación, en agosto de 2014.

Los investigadores señalan que durante su estancia en la Faffe, el ex alcalde percibió sólo en ocho años, de 2006 a 2013, un total de 535.452,64 euros. Así, en 2006 percibió unos 63.441,24 euros, frente a los 74.040,59 euros del año 2010, y 52.136,61 en el año 2013, en este caso por el SAE.

Los agentes del servicio de Vigilancia Aduanera que actúan en esta causa en funciones de Policía Judicial explican que han intentado determinar cuáles eran las funciones del ex alcalde en la Faffe, pero "no han obtenido respuesta en ninguna de las gestiones realizadas", pese a haberse desplazado a las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo y haber realizado un requerimiento a la Dirección General de Formación para el Empleo de la Consejería de Educación. "No se ha obtenido respuesta alguna sobre la actividad laboral que desempeñaba el investigado ni se ha podido determinar si tenía despacho o lugar concreto de trabajo", precisan los agentes, que señalan que tampoco se ha encontrado su nombre en "ningún directorio telefónico" ni ninguno de los responsables de estos organismos "tenía conocimiento del trabajo ni de la presencia de Antonio Torres García en sus dependencias".

Los agentes también han realizado una averiguación patrimonial del ex alcalde de Lebrija en la que les ha "llamado la atención" el hecho de que en 2013 amortizara 76.155,73 euros de un préstamo hipotecario "sin que haya tenido en este ejercicio ningún ingreso extraordinario declarado". A la vista de este informe, la juez decidió abrir una investigación independiente "en orden al esclarecimiento de un presunto fraude relacionado con la contratación y percepción de salarios" por parte del ex alcalde.