El juez José Ignacio Vilaplana, que investiga las macrocausas, tiene abierta una investigación para tratar de determinar si se produjeron irregularidades en la contratación de 84 trabajadores en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una investigación paralela a la que se ha desarrollado sobre los gastos en burdeles realizados con las tarjetas de esta entidad por parte del que fuera director de dicha fundación Fernando Villén.

En esta investigación se trata de esclarecer si esas contrataciones respetaron los principios de transparencia, publicidad y concurrencia pública que deben regir la actuación de las administraciones públicas o si bien estas personas, entre las que figuran alcaldes socialistas y familiares de alcaldes o dirigentes del PSOE, como la mujer del secretario general de los socialistas andaluces y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, fueron elegidas “a dedo”, enchufadas gracias a esas relaciones o contactos.

En el caso de la esposa de Espadas, la psicóloga Carmen Ibanco, el expediente administrativo que la propia Junta de Andalucía ha enviado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acredita que se sometió a un procedimiento de selección tras ver un anuncio en la prensa que ofertaba dicho puesto y enviar su currículum.

Lo mismo ocurre con los expedientes de otros tantos de esos 84 empleados de la Faffe incorporados a la causa, lo que está motivando ya que conforme estos ex trabajadores se están personando en las actuaciones judiciales sus abogados estén presentando los primeros escritos de alegaciones.

Las defensas pasan al contraataque después de que los ex trabajadores hayan sido citados a declarar como investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque la inmensa mayoría se han acogido a su derecho a no prestar declaración ante los agentes.

Alguno de estos trabajadores ya se han defendido de los hechos que se le imputan, que consisten básicamente en que la Faffe no siguió los principios de mérito y capacidad en estas contrataciones y que incluso algunos de los trabajadores no habían prestado servicio en dicha fundación.

Uno de los empleados ha explicado en un escrito remitido al juzgado que entró en la Faffe tras presentar su currículum vitae y pasar una selección en la que se sometió a dos entrevistas, tras haber acreditado sus méritos para el puesto, por lo que las imputaciones que se le han realizado es “absolutamente falsa”, añadiendo que en los más de cuatro años en los que trabajó en la extinta fundación prestó sus servicios “conforme al horario y al lugar de trabajo” que tenía asignado.

Otros defensas sostienen igualmente que sus clientes accedieron al empleo “sin recomendación absolutamente de nadie, bajo los principios de publicidad y concurrencia”, y van más allá al poner de manifiesto incluso que los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos investigados estarían prescritos al haberse superado ampliamente el plazo de diez años de prescripción previsto para la malversación en el Código Penal aplicable al caso, que es anterior a la reforma de 2015.

Este es el caso de uno de los trabajadores representados por el abogado Juan Carlos Alférez, del bufete “Constitución 23, Estudio de Litigación”. El letrado ha presentado al juez Vilaplana un escrito en el que solicita que no se dirija el proceso judicial contra su representado –que fue contratado a finales de 2008– y que ni siquiera se le tome declaración en calidad de investigado, al estimar que “no es dable soportar los rigores que conlleva el transitar por el proceso de una macrocausa mediática con el daño reputacional que sin duda alguna produce a una proba funcionaria pública, cuando desde incluso antes del direccionamiento penal, se observa que, a todas luces, no hay mérito para ello”.

El ex director de la Faffe Fernando Villén cuando compareció en la comisión de investigación del Parlamento andaluz.

La defensa alega que su cliente accedió al puesto de trabajo “sin la menor influencia, recomendación y menos aún patrocinio, mandando su currículum vitae a través de una plataforma pública y siendo llamada tras el proceso selectivo” que realizó la Faffe.

En este caso concreto, la trabajadora –que posee una licenciatura universitaria– entró en contacto con la fundación tras acudir a una feria de empleo en la que participaron muchas empresas y entidades, entre ellas la Faffe. En dicha feria le indicaron que podía presentar el currículum directamente en la web de la Faffe (www.faffe.es), donde figuraba una oferta genérica de empleo abierta. Aunque la página web de la fundación ya no está operativa, la defensa ha logrado recuperar una de las versiones de dicha página del año 2008 a través de una web que permite consultar versiones antiguas de las páginas.

De esta forma, acredita –como puede comprobarse en los pantallazos que figuran junto a esta información– que en la página de la Faffe existía un enlace para introducir el currículum de los aspirantes a los puestos de trabajo, donde “cualquier ciudadano podía enviar su currículum para ser llamado a entrevistas en el caso de que la Faffe decidiera realizar cualquier contratación laboral”. El letrado Alférez añade que esto demuestra que, al menos en el caso de su cliente, accedió al puesto mediante una vía de “máxima transparencia, publicidad y concurrencia” porque, añade, “nada otorga más publicidad que una web donde nada más abrirla te invitan a presentar el currículum” y además la página está “abierta a cualquiera”.

Es más, dice esta defensa que su cliente accedió al puesto de trabajo “sin la menor recomendación por parte de nadie, a través de fuentes de conocimiento públicas al alcance de cualquiera y gracias a que a dicha fecha contaba con una dilatada formación y, por ello, era evidente que era una candidata ideal para esta empresa y para cualquiera”.

Tras presentar el currículum, el proceso que se siguió en este caso fue similar al de otros candidatos, porque recibió una llamada para acudir a una entrevista en la sede de la Faffe con el director de Recursos Humanos y la jefa de dicho departamento, en la que fue informada de que una vez finalizara el proceso de selección se pondrían en contacto con ella en caso de resultar elegida. Poco después recibió una llamada en la que le comunicaron que había sido seleccionada para prestar sus servicios en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como personal de apoyo administrativo. La trabajadora “no conocía previamente” a las personas que la entrevistaron, quienes le indicaron además que estaban entrevistando a otros candidatos.

El juez Vilaplana, una vez que reciba el atestado de la Guardia Civil sobre estas 84 contrataciones, tendrá que resolver sobre las alegaciones de las defensas, en especial, sobre la posible prescripción de los delitos que se investigan. Y decidir en consecuencia, si bien en alguna ocasión el instrucción ya ha acordado el archivo, como ocurrió con la contratación del ex alcalde de Montellano (Sevilla).