La apuesta de la Junta de Andalucía por la externalización de los servicios en organismos autónomos se ha fortalecido cada año. Desde 1982, en el origen mismo de la Administración autonómica, el sector público empresarial autonómico ha experimentado un crecimiento espectacular, dentro de un proceso de acentuada descentralización económica y administrativa. La inyección económica en cada Presupuesto autonómico ha sido, por consecuencia, equivalente. Sólo el próximo año desciende, según las cuentas presentadas el viernes en el Parlamento por la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en 222 millones, un 7%, pero por un cambio de criterio en la instrucción al "ajustarse" sus presupuestos a los de los organismos centrales. Con todo, la Junta manejará un 8,5% de su presupuesto a través de estas entidades. A principios de la década, la Junta de Andalucía manejaba un 4,6% de su presupuesto a través de las empresas públicas, consorcios y fundaciones, con una dotación de explotación y capital de 705 millones. En 2009 se le transfirieron 3.099 millones.

Las empresas públicas son la forma teóricamente más acorde con los postulados socialdemócratas para introducir agilidad en la gigantesca maquinaria del servicio público: el capital es público y el consejo de administración está totalmente controlado por el Gobierno autonómico. La representatividad de los grupos políticos hace de estas entidades un mini Parlamento. Se presentan como un instrumento enormemente útil para una Administración al salvar el derecho administrativo y acogerse al derecho privado, lo que les dota de autonomía para llevar a cabo sus objetivos.

Año tras año, la Junta incrementa su confianza en el sector público empresarial con la dotación de más fondos para prestar servicios que realizarían sus órganos centrales, las consejerías, sujetas a mayor control. Hoy por hoy, pocos conocen en detalle cómo se dibuja el entramado de entes de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones, agencias y consorcios en el que participa la Junta de Andalucía. No se facilita un inventario oficial de dónde está y dónde no está presente la Administración autonómica. Economía se remite a un libro de 2006, que incluye unas 50.

En los distintos proyectos de Presupuestos que cada año presenta la Junta de Andalucía figuran los estados de ingresos y gastos detallados de las entidades de derecho público -las que mayor volumen de inversión se llevan- y sociedades mercantiles (24), dos fundaciones y ocho consorcios (siete de transportes y el Consorcio sanitario público del Aljarafe). También incluye otras entidades que son agencias administrativas u organismos que llevan la calificación de autónomos, pero son en realidad segmentaciones de consejerías (léase Servicio Andaluz de Empleo, Servicio Andaluz de Salud, institutos de la mujer, la juventud, Agencia Andaluza del Agua...)

Sobre empresas públicas, son todas las que están, pero no están todas las que son. O así al menos se desprende del órgano que fiscaliza a la Administración andaluza, la Cámara de Cuentas, que durante tantos años ha puesto en tela de juicio la transparencia de algunas de estas sociedades. Es la Cámara de Cuentas la que aporta algo de luz a la búsqueda de un inventario de empresas públicas aunque, reconocen, hay disparidad de criterios con la Junta sobre la fórmula de algunas entidades.

Por ejemplo, la Cámara de Cuentas reconoce unas 25 fundaciones, pero sospecha de muchas más que la Junta no acepta, hasta 33. Para la Cámara de Cuentas, la estructura empresarial de la Junta de Andalucía la integraban 146 empresas al cierre de 2007, más de la mitad de las que recoge el Ejecutivo. Estos datos los aporta en el informe de fiscalización de la cuenta general de la Administración andaluza de ese año, que por ausencia de otros datos se constituye de referencia para conocer el sector público empresarial de la Junta. De las anotadas por este organismo, 58 (ver gráfico) constituyen el conjunto de empresas con participación mayoritaria (directa o indirecta) y en el resto la participación es minoritaria junto a otras empresas o instituciones. Además, la Junta participa indirectamente a través de estas sociedades en otras entidades, cuya personalidad jurídica obedece a la figura de comunidad de bienes, unión temporal de empresas, fundación o agrupación de interés económico.

Todo un universo, complejo, que desde que el mundo es mundo ha despertado las críticas de los partidos de la oposición, latentes hoy día por obvios motivos de continuidad política.

El PP ha acuñado los adjetivos de Administración "paralela y opaca" para referirse a las empresas públicas de la Junta, "donde se practica el clientelismo y la competencia desleal" al sector privado. Esta "tela de araña" incurre en déficit cada año pese a la inyección económica de la Junta que además, se ve incrementada de 300 a 600 millones al final de cada ejercicio de lo que inicialmente se presupuestó, señala Salvador Fuentes, portavoz de Economía del Grupo Popular.

IU coincide con el PP en criticar una supuesta "privatización" soterrada de la Administración y en una voluntad intervencionista de la Junta, omnipresente, que asume el espacio del sector privado. IU va más allá y considera "un auténtico escándalo" que se "huya" del derecho administrativo con un uso "excesivo" de la externalización de las competencias de las consejerías en estas empresas públicas "que pueden tener perfectamente encaje en el sector público", defendió Pedro Vaquero, diputado de IU, en una pregunta parlamentaria en junio.

La Junta reconoce que la estructura es mejorable, pero rebate las acusaciones de la oposición. Compara el peso de las empresas públicas en el presupuesto (9,1% en 2009) con otras comunidades, como Madrid (23%) o Valencia (25%). O con ayuntamientos (Málaga, gobernada por el PP, representa el 9% del peso poblacional y tiene 12, lo que equivaldría a 200 en la Junta). O destaca que el Banco de España refleja que las pérdidas de las empresas públicas andaluzas son apenas el 1,5% de todos estos organismos en el total de comunidades. Pero lo fundamental para la Junta es que el 80% de estas empresas prestan servicios públicos, es decir, hay que delimitar que son pérdidas (en caso de déficit) cuando se trata de inversiones en sanidad o inversiones para infraestructuras educativas.

"No se guían por criterios de eficiencia, pero tampoco se puede engordar tanto esta vía", censura la tendencia Joaquín Aurioles, presidente del Observatorio Económico de Andalucía y profesor de Teoría Económica en la Universidad de Málaga. Aurioles señala que en algunos casos se están pisando competencias a gasto de los contribuyentes. "No se desplaza el dinero a una, sino que se subvenciona a la Administración general y a la empresa pública", manifiesta Aurioles, que observa con mayor preocupación la evolución "excesiva" de estos instrumentos en la administración local.

Coincide con otro profesor, Rafael Salgueiro, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, que la fórmula deacogerse al derecho privado no es mala per se, siempre que cuente con la debida fiscalización. Ambos expertos coinciden en que se podría adelgazar este campo con la supresión de empresas públicas que tuvieron sentido en su naturaleza al no llegar el ámbito privado, pero cuyo mantenimiento o no está muy claro o deberían ser gestión directa de la Junta. Aurioles apunta a las competencias sobre el suelo. "Manejan una cantidad enorme de recursos y escapa del control directo administrativo". Salgueiro discute Giasa (gestión de infraestructuras de Andalucía) que puede lastrar al sector privado o algunos puertos andaluces sobre los que la Junta mantiene la gestión y que una vez creado el servicio podría transferir.