El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, que investiga el caso de las facturas falsas del sindicato UGT-A, ha reclamado a la Junta de Andalucía que aporte los expedientes de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación entre los años 2009 y 2013 de los que fuera beneficiara la organización sindical.

En una providencia dictada por el juez Juan Jesús Vélez García, el magistrado requiere a la Junta para que entregue esta documentación "a la mayor brevedad" posible y para que "indique la localización física de dichos expedientes", con la finalidad de que se pueda realizar el correspondiente análisis pericial.

El instructor responde con esta providencia a una petición realizada por el ex tesorero de UGT-A Federico Fresneda, imputado en esta causa, quien pidió la entrega de estos expedientes porque entiende que en los mismos "existía legalmente un tanto por ciento de la cantidad del mismo con un máximo del 20% al que se podían aplicar gastos directos y costes asociados", en alusión a la orden 13/10/2009, que regula el decreto 335/2009.

La defensa de Fresneda pidió esta documentación para "poder contrastar las facturas que están en los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO), en las cuales por empleados del sindicato y a través de correos electrónicos se había solicitado el cambio del texto a los proveedores con remisión del cargo a estos programas".

La finalidad, continuaba la defensa de este imputado en un escrito presentado en el juzgado, no es otra que la de comprobar si "están bien aplicadas las correspondientes facturas en las que se modificó el texto para aplicarlas a un programa subvencionado y aclarar si son falsas o no, o si están bien o mal aplicadas" para no crear indefensión al imputado.

El instructor aún no se ha pronunciado sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que esta semana solicitó la imputación de los ex secretarios general de UGT-A Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por su "participación directa" en los hechos que se investigan. Según el Ministerio Público, los ex secretarios de la formación tenían conocimiento, al igual que la comisión ejecutiva, de la utilización de los procedimientos conocidos como rapel y el bote para la elaboración de las facturas falsas con las que el sindicato se habría financiado irregularmente.