Era evidente que un juicio en el que se juzga la denominada "pieza política" del juicio de los ERE acabara derivando en un combate político. O se intente. Y lo que queda aún por llegar conforme vaya avanzando la vista oral una vez que comiencen las declaraciones de los procesados. La acusación que ejerce el Partido Popular abrió la espita el pasado martes con su petición de que sean citados como testigos en esta vista oral la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, y esa petición ya ha tenido contestación desde la bancada de las defensas de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados.

El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que representa al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, acusó expresamente al Partido Popular de "intentar politizar" el juicio de los ERE con su acusación por un delito de asociación ilícita y con la petición de que declare Susana Díaz.

La defensa de Zarrías critica el "lastre político" y el "interés extraprocesal" del PP

Durante la quinta sesión de la vista oral, que todavía continúa enfangada en la exposición de las cuestiones previas, el letrado de Zarrías atribuyó a los populares un "interés extraprocesal" y extrajurídico que, según dijo Martínez-Fresneda, supondría un "lastre político" con el que se "intenta politizar este juicio", de la misma manera que ha ocurrido con algunos de los "testigos propuestos" para que declaren, en alusión a la mencionada petición para que comparezcan los máximos responsables del Gobierno andaluz.

Por su parte, el PP insistió ayer en que presten declaración como testigos en el juicio la presidenta de Junta, Susana Díaz; el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, y la senadora socialista María del Mar Moreno, al considerar que estas comparecencias son "muy necesarias" para el desarrollo de la vista oral.

El letrado Luis García Navarro, que representa a los populares, insistió en la necesidad de que se produzcan estas declaraciones después de que el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, pidiera a todas las partes que explicaran por qué motivo habían solicitado la práctica de estas pruebas en el trámite de las cuestiones previas y no las habían propuesto con anterioridad en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales.

La acusación popular reiteró que ha solicitado la declaración de Susana Díaz en relación con una serie de declaraciones realizadas en el Parlamento y también por manifestaciones publicadas con posterioridad a la presentación del escrito de acusación del PP, en las que la presidenta -prosiguió García Navarro- opinaba y daba datos sobre los hechos investigados, por lo que el letrado consideró "muy necesario" que estos testigos rindan testimonio ante el tribunal.

El letrado también argumentó que el gabinete jurídico de la Junta depende directamente de la Consejería de la Presidencia, cargo que ostentó también Susana Díaz antes de alcanzar la presidencia tras la salida de José Antonio Griñán, y añadió que la Junta ejerce la acusación particular en la macrocausa de los ERE y pidió el archivo de la pieza del "procedimiento específico", la que ahora se enjuicia, reservándose las acciones civiles.

En el caso del vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, el PP dijo, igualmente, que su comparecencia como testigo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se produjo con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, por lo que no pudo proponer su declaración en el mismo. El abogado concluyó que todas las pruebas ahora solicitadas "son pertinentes, necesarias y van a contribuir al esclarecimiento de los hechos".

Sobre las cuestiones previas en sí mismas, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda se adhirió a la impugnación realizada por la defensa del ex presidente José Antonio Griñán en relación con el nombramiento del juez de refuerzo Álvaro Martín Gómez y solicitó, como hizo también la defensa de Magdalena Álvarez, la exclusión del delito de asociación ilícita que incluye el PP.

El abogado de Zarrías también denunció que se ha vulnerado el "principio de igualdad de armas" por el tiempo que se concedió a las acusaciones y a las defensas para presentar sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, dado que "frente a los cuatro meses y medio" de que dispusieron las acusaciones, a la defensas el juez Álvaro Martín sólo les concedió 30 días naturales, porque la instrucción "tenía que terminar sí o sí el 31 de diciembre, con lo que se generó un "perjuicio insubsanable" que vincula con el nombramiento del "juez ad hoc, que causó un perjuicio irreparable a esta defensa", concluyó esta defensa.

El juicio se reanudará el próximo lunes, 15 de enero, con las "réplicas" de las partes a las diferentes cuestiones previas planteadas en las dos últimas sesiones.