La Junta considera "un salto al futuro" el acuerdo con los funcionarios autonómicos de Andalucía

Los sindicatos ratifican el acuerdo que dará estabilidad a la plantilla de trabajadores públicos durante los próximos cinco años

Es la primera vez que se consigue un ordenamiento de la función pública en la comunidad autónoma

Los sindicatos ratifican el acuerdo para 65.000 empleados públicos andaluces

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, con los miembros de la mesa general tras la firma del acuerdo. / M. G.
Redacción Andalucía

07 de noviembre 2025 - 17:20

"Un salto hacia el futuro irreversible para la Administración Pública andaluza". Así ha calificado el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, el preacuerdo "histórico" entre la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General, CSIF, UGT y CCOO, que ha sido refrendado y que implica la mejora y modernización del empleo público y la prestación de servicios de calidad. A partir del lunes se trasladará a las distintas mesas sectoriales. Posteriormente, se elevará al Consejo de Gobierno junto a los correspondientes informes preceptivos para su aprobación definitiva. Tiene una vigencia de cinco años, supone 250 millones de euros y mejora las condiciones salariales de 65.000 empleados públicos.

El consejero, que ha acudido al término de la Mesa para dar su agradecimiento a las organizaciones sindicales su "trabajo, lealtad, discreción y las aportaciones que han hecho" durante la negociación y que ha querido hacer extensible a los sindicatos representados en las mesas sectoriales, ha asegurado que este preacuerdo supone "un salto hacia el futuro irreversible. Los empleados públicos deben saber que con el trabajo y el esfuerzo común y compartido de todos vamos a conseguir unas condiciones que les dignifican y que nos permiten ofrecer el mejor servicio público a nuestros ciudadanos". En este sentido, ha destacado "la importancia de abrir por fin un espacio a la Administración General de la Junta de Andalucía, que ha estado fuera de otros acuerdos que se han adoptado en Salud o en Educación".

Igualmente, ha explicado que con este preacuerdo también se ha perseguido "una mejora de las condiciones, especialmente en la productividad, de los funcionarios de Justicia; queremos que también tengan cabida y dediquemos nuestro esfuerzo a tener el VII Convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía y que abordemos las necesidades de ordenación del sector público instrumental".

El preacuerdo tiene un alcance económico de 250 millones de euros y sienta las bases de un acuerdo con un horizonte temporal de cinco años, que consolida los procesos de modernización y mejora del sector público andaluz, teniendo en cuenta la atención de calidad al ciudadano. El documento firmado se estructura en cuatro ejes. El primero es la transformación de la Administración pública, que persigue una organización ágil, digital, eficiente y orientada a resultados. El segundo pilar es el fortalecimiento del capital humano, mediante la mejora del empleo público y su modelo retributivo, la estabilidad, la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, entendidos como vía de reconocimiento y mejora continua de los empleados públicos.

En cuanto al modelo retributivo, la Ley de la Función Pública de Andalucía introduce un nuevo modelo basado en complementos objetivos: el complemento de puesto, el complemento de nivel competencial, el complemento por desempeño y el complemento de carrera. Además, se impulsa la recuperación progresiva de la acción social. El tercer eje, es la actualización y modernización de los convenios colectivos del personal de la Administración General y del Sector Público Instrumental, avanzando en la homogeneización de condiciones laborales. El preacuerdo recoge el compromiso de finalizar el proceso de negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, que sustituirá al VI Convenio firmado en 2002.

Asimismo, se abordará la actualización de los convenios colectivos obsoletos del Sector Público Instrumental para adaptarlos al nuevo marco normativo y a las demandas organizativas actuales con el compromiso por ambas partes de establecer criterios objetivos para revisar estos convenios. Y el cuarto, el reforzamiento de la calidad de los servicios públicos, impulsando la formación continua, la reorganización de los recursos de prevención de riesgos laborales, o el rediseño de procedimientos y trámites.

El preacuerdo tiene para la Junta un marcado carácter "histórico", pues "nunca se había tenido un acuerdo similar. En el siglo XXI nunca se había concretado una medida de este alcance y conseguirlo, además, con la firma unánime de las organizaciones sindicales es un orgullo para todos". Un hito que "no hubiera sido posible sin la implicación personal del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de los consejeros Antonio Sanz y Carolina España, a los que quiero dar las gracias, es un trabajo de todos que finalmente ha dado sus frutos".

Tampoco ha querido olvidar al equipo de la Secretaría General para la Administración Pública, con Arturo Domínguez a la cabeza, de la dirección general de Función Pública, pilotada por Antonio Parralo; del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), con su director, José Loaiza; y de la dirección general del Sector Público Instrumental, dirigida por Carlos Mariné, por su esfuerzo y trabajo.

Por parte de CCOO, se ha hecho hincapié en que "llevábamos mucho tiempo reclamando la actualización de las retribuciones y han sido necesarias infinidad de negociaciones, denuncias y movilizaciones para llegar a firmar este acuerdo que las mejora en línea con otras administraciones del estado". Según UGT, este acuerdo apuesta por la mejora el empleo público y una prestación de servicios de calidad, basados en la Ley de la Función Pública de Andalucía.

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