La Consejería de Gobernación y Justicia pondrá en marcha a partir del próximo miércoles, 1 de septiembre, un nuevo Plan de Tardes en 246 órganos judiciales de la comunidad con el objetivo de reducir el nivel de asuntos pendientes. La medida supone un incremento del 52,7% en el número de órganos en los que se va a actuar con relación al anterior plan puesto en marcha en 2009, cuando se intervino en 161 unidades judiciales.

El nuevo Plan de Tardes, que afectará a 213 juzgados y 33 servicios comunes, es un programa de carácter extraordinario propuesto para aquellos órganos que en los últimos tiempos han experimentado un mayor número de entrada de asuntos como son, principalmente, los juzgados de Primera Instancia y mixtos, así como para los servicios comunes de notificaciones y embargos y los servicios comunes de Partido Judicial, por el aumento detectado en sus cargas de trabajo. Los funcionarios de los órganos seleccionados podrán acogerse de manera voluntaria a este plan.

Por jurisdicciones, la Consejería de Gobernación y Justicia ha autorizado que la medida se aplique durante tres tardes semanales en 80 juzgados de Primera Instancia, en 103 juzgados mixtos, 19 juzgados de lo Penal, siete de lo Social, dos juzgados de Menores, las salas de lo Contencioso-Administrativo de Granada y Málaga y 33 servicios comunes. Por provincias, se ha propuesto actuar en 31 órganos de Almería, en 41 de Cádiz, en 20 de Córdoba, en 32 de Granada, en 15 de Huelva, en 13 de Jaén, en 47 de Málaga y en 48 de Sevilla.

Los servicios se desarrollarán entre el mes de septiembre y el mes de noviembre. La implantación del plan, que no incluye la celebración de juicios por la tarde sino que redunda principalmente en impulsar la tramitación de asuntos, requiere un plan específico semanal previo, que será establecido por el secretario judicial de cada órgano en cuestión.

El nuevo plan supone un aumento en el número de órganos en los que se pretende actuar en relación con el anterior Plan de Tardes que se desarrolló entre octubre y diciembre de 2009, cuando se intervino en 161 órganos. Aquella medida, que se aplicó en 123 juzgados y 38 servicios comunes, supuso una reducción del 30 por ciento de media del nivel de pendencia en los órdenes Social, Penal y Mercantil.

La medida se adopta con el fin de normalizar el funcionamiento de estos órganos y servicios con el objeto último de que se agilicen las resoluciones de los procedimientos judiciales. Ello redundaría también en una mejora de la competitividad de la economía, un objetivo crucial en los actuales momentos de crisis económica y financiera.

Este plan, asimismo, se enmarca dentro de la apuesta de la Junta "por mejorar", según destacaron fuentes de Gobernación, la Administración de Justicia, con el fin de hacerla más ágil, eficaz y cercana para la ciudadanía.