EL tiempo es un concepto relativo, y a veces fluye con tanta rapidez que consume los años como si fueran meses. El martes pasado, en Málaga, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció que las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 25 de marzo, y calificó esta legislatura de "intensa, muy difícil". Sí, y fugaz, casi mutante; caracterizada por la imprevisión económica de la que han sido víctimas electorales todos los gobiernos, por la inestabilidad política en el PSOE andaluz y el ascenso del PP, que por primera vez en su historia ganó dos elecciones en Andalucía de modo global: las municipales y las generales. Este cóctel de tres ingredientes aún acompañarán hasta el 25 de marzo, las elecciones más reñidas de la historia de la autonomía, en las que el PP que lidera Javier Arenas parte como favorito en lo que será su cuarto intento para alcanzar la presidencia andaluza. Griñán optó por separar las elecciones lo máximo posible de las decisiones que debía tomar Mariano Rajoy en sus primeras semanas en un intento de marcar diferencia para restarle ventaja a Arenas. Sin embargo, y tal como explicó un dirigente socialista federal a este medio, "ningún gobierno se quema en sus primeros seis meses, lo vimos con Cospedal en Castilla-La Mancha, y le pasará a Rajoy por mucho que haya hecho lo que siempre negó: subir los impuestos".

Lo que sí es importante de cara al resultado electoral es la irrupción de UPyD, el partido de Rosa Díez. Perjudica al PSOE, pero también a las opciones del PP de gobernar en solitario, lo que estropearía el sueño más placentero de Javier Arenas. Para el director del Instituto de Estudios Sociológicos Avanzados (IESA), Eduardo Moyano, "la campaña electoral va ser muy importante, ya que si se polariza el voto, entre PP y PSOE, las opciones de UPyD se reducirían".

Pero volvamos a la legislatura cambiante. A los principios. En mayo del año 2008, a los pocos meses de celebrarse las elecciones, el presidente de la Junta concedió una de sus primeras entrevistas a este diario. Era Manuel Chaves. Aún estaba en la sede provisional de la Casa Rosa; había ganado todas las elecciones desde 1990, y cuando se le interrogó sobre si la incipiente crisis desbarataría su objetivo marcado en la campaña electoral, que era el del pleno empleo, prefirió utilizar el término de "desaceleración económica".

"Es verdad -dijo en aquella ocasión-, esta desaceleración es mucho más intensa de lo que habíamos previsto. No sólo en España, sino en todo el mundo. ¿Qué es lo que preveemos? Que esta situación dure dos años, lo que nos queda de 2008 y 2009, con lo cual en 2010 y 2011 recuperaremos un crecimiento por encima del 3% del PIB (...) el objetivo de pleno empleo se mantiene para 2015 o 2017".

Bueno, no se ha llegado a 2015 ni a 2017, pero Chaves, como casi todos los políticos y analistas económicos, erró de modo grave. En abril de ese año, Andalucía contaba con 545.519 desempleados; hoy, son 969.152. Y la economía en 2008 no creció al 2,4% previsto, sino al 0,5%. En 2009 y 2010 entró en recesión con contracciones del menos 3,6% y del 0,7%, y 2011 ha sido un año de encefalograma plano para entrar en un 2012 de nuevo recesivo, el de la temida recaída.

Manuel Chaves no fue un caso único en el planeta, todos erraron, pero su partido, como todos los gobernantes, lo pagó en las urnas. El PSOE perdió las capitales andaluzas y cinco diputaciones en las elecciones municipales y, posteriormente, el Gobierno de España. Pero Chaves ya era consciente de algo, de la caída del sector inmobiliario, el que había sido el motor efímero que, posiblemente, llevó a Andalucía a cifras de pleno empleo no oficiales en los años 2005 y 2006. Por eso, en su primer Gobierno creó una Consejería de Vivienda, y se la dio a Juan Espadas, que posteriormente saldría para intentar ganar el Ayuntamiento de Sevilla. Andalucía aprobó una ley que materializa el derecho a la vivienda, pero lo que se impuso fue el estallido de una burbuja engordada con el endeudamiento privado en el extranjero.

El economista y profesor de la Universidad de Málaga Joaquín Aurioles mantiene, sin embargo, que "los analistas económicos no se equivocaron en lo fundamental; hay estudios de antes de 2007 que lo venían anticipando, titulares de revistas como The Economist que alertaban, aunque, claro, se desconocía cuál iba a ser la intensidad y la duración". Aurioles sí admite que hubo errores tanto en los políticos como en los propios técnicos a la hora de actuar, y sólo hay que recordar que en las primeras reuniones del G-20, las de Washington y Londres, los líderes mundiales ya se dividieron entre quienes confiaban en la austeridad, caso de Merkel, y los que apostaban por los estímulos fiscales, caso de Obama y Gordon Brown. "Zapatero se convirtió en el mayor defensor de la política del estímulo en la Eurozona, de ahí el plan E o de la nueva financiación autonómica, que costó 11.000 millones de euros más", explica Aurioles.

Griñán, en su discurso de investidura del 21 de abril de 2009, acogió la tesis expansionistas que propuso el G-20, y que ahora retorna de mano de muchos economistas: "La lucha contra la crisis utilizará el déficit como instrumento anticíclico; tenemos el menor endeudamiento de las comunidades autónomas y eso nos permite el mejor acceso a los mercados financieros internacionales". Griñán se marcó aquel día el desempleo como su prioridad: "No habrá otra por encima de ésta".

El economista Aurioles destaca que Andalucía aún mantiene un diferencial de 10 puntos sobre la media de paro nacional, fruto, en su opinión, de nuestro escaso tejido empresarial, pero también del mal funcionamiento de las oficinas de empleo y del "desastre" de los cursos formativos. Sin embargo, apunta que Griñán debería tratar esos 10 puntos de diferencia, nuestro paro endémico, en un problema nacional. "Andalucía debe exigir a España una solución, debemos volver a la idea de los reequilibrios territoriales, que se han ido dejando en estos años".

Pero aquel día, ese lejanísimo mayo de 2008, Manuel Chaves dejó otro titular: "La decisión de seguir o retirarme en 2012 debe ser mía, pero también del PSOE". Hoy conocemos que el presidente había decidido entonces no repetir, dejar la Junta a mitad de la legislatura y, por eso, a la hora de diseñar su gabinete, señaló al elegido: a José Antonio Griñán, que pasó de consejero a vicepresidente económico.

Hasta ese momento, el número dos era Gaspar Zarrías, pero el señalamiento de Griñán en un gobierno bicéfalo adelantaba lo que, posteriormente, ocurrió. Chaves había asumido su desgaste político. Algunas de las encuestas del IESA lo cuantificaban. Se lo contó a Luis Pizarro al poco de celebrarse las elecciones, pero Zapatero forzó su salida antes de lo que él preveía: el 8 de abril, a un año escaso de ganar las elecciones por mayoría absoluta. Se marchó a Madrid a encargarse de una vicepresidencia tercera creada para él. Zapatero y su dirección socialista le empujaron y, a cambio, consiguió que su sucesor fuera el elegido -José Antonio Griñán- frente a la querencia de la sede madrileña de Ferraz por Mar Moreno. Era su preferida, pero Zapatero tampoco insistió mucho en ello, explicaron fuentes del PSOE federal a este medio.

Para Eduardo Moyano, que dirige el IESA desde que el anterior director, Manuel Pérez Yruela, se marchó por un año al primer Gobierno de Griñán, "la crisis ha tenido su efecto en el deterioro del voto socialista, sin duda; pero esa influencia se explica menos en el caso de Andalucía, ya que esto se venía observando en la comunidad autónoma antes de que se desencadenase la crisis. De hecho, las encuestas ya venían mostrando el deterioro desde 2005".

Así que Chaves se fue. Griñán tomó posesión el 23 de abril de 2009, y del Gobierno salió el que siempre fue el hombre fuerte en el Ejecutivo, Gaspar Zarrías, y el de Innovación, Francisco Vallejo, otro de los posibles delfines. La sucesión fue, en principio, modélica. Ni en el PSOE ni en los sindicatos ni en la patronal ni en la opinión pública hubo críticas, Griñán mantenía un buen perfil económico y las encuestas publicadas meses después elevaron las opciones de voto del PSOE.

A pesar de que Chaves se marchó sin casi dar explicaciones después de haber ganado con mayoría absoluta hacía sólo 13 meses, todo transcurrió por un camino de seda. Se llevó a Madrid a los suyos, a los llamados pink floyds, a los que trabajaban con él en la Casa Rosa y eran los ejecutores de sus políticas y estrategias, y los más griñanistas, los que habían apoyado y convencido al nuevo presidente para que asumiera el paso, se convirtieron en los hombres fuertes: Luis Pizarro, que fue nombrado consejero de Gobernación; Martín Soler y Antonio Fernández. Con posterioridad, todos saldrían del Gobierno y de la dirección del partido.

La silenciosa transición se convirtió en un estruendo que alcanzó su culmen en marzo de 2010, cuando Griñán, apoyado por algunos de quienes, paradójicamente, perdieron con su llegada, caso de Gaspar Zarrías, llevó al PSOE andaluz a un congreso extraordinario. Él sustituyó a Chaves al frente de la Secretaría General del PSOE andaluz, rompiendo lo que muchos había entendido como un pacto. En teoría, Chaves iba a liderar el partido hasta 2012, después cedió hasta mayo de 2010 y, finalmente, se celebró en marzo. En ese congreso se escenificó la quiebra: Chaves, en su despedida, sólo nombró una vez a Griñán, y éste, diez días después, cambió el Gobierno. Salieron los más chavistas: Martín Soler, Antonio Fernández y Cinta Castillo. Pizarro, que estuvo a punto de marcharse, dimitiría un año después. El que había sido el hombre de Manuel Chaves en el partido protagonizó una sonora salida, que añadió más estruendo al PSOE andaluz, donde meses antes también había dimitido el vicesceretario general, Rafael Velasco. El cordobés de Palma del Río no encontró apoyos internos al revelarse que una escuela de su mujer recibía subvenciones de la Consejería de Empleo para dar cursos a desempleados.

¿Qué ocurrió? Hay quien mantiene que el pacto pasaba por situar a Griñán como un presidente de transición, de tal modo que, desde el partido, se buscase a un sucesor más joven, quizás Martín Soler. Una tesis más certera, contrastada con los implicados más directos, explica que Griñán no iba a ser un hombre para ocupar un hueco temporal, que no existió ese pacto de sucesión en la Presidencia, aunque sí hubo un extenso informe de uno de sus sociólogos más cercanos en las que advertía de los peligros de la bicefalia. Para que la opinión pública notase el cambio que ansiaba el PSOE, Griñán también debía hacerse con el partido: presidente y secretario general. Históricos como Zarrías, José Caballos y José Luis Blanco, o jóvenes como Alfonso Gómez de Celis, se posicionaron a favor de acabar con la bicefalia, aunque muchos de ellos no recibieron nada con la instauración del griñanismo pleno.

La marcha de Velasco provocó un notable cambio en el partido. La secretaria de Organización, Susana Díaz, se convirtió en la mujer fuerte. Trabajadora y eficaz en el aparato -también con muchos enemigos-, se hizo con la sede de la calle de San Vicente, mientras Griñán se quedó en el Palacio de San Telmo con un núcleo muy reducido de colaboradores. Leales, pero faltos de experiencia política. Mar Moreno, que fue nombrada consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, también se fue distanciando de ese núcleo que, según quienes trabajan con ellos, es así: férreo y escaso.

Con el tiempo, el efecto Griñán se fue disolviendo en las encuestas. Eduardo Moyano apunta que los 30 años del PSOE en Andalucía pesan mucho, "como ocurrió con el pujolismo en Cataluña o con la hegemonía nacionalista del PNV en el País Vasco". "A la luz de los resultados de los barómetros del IESA -responde Moyano-, no parece que el cambio de presidente de la Junta haya significado un revulsivo ni un cambio en el deterioro del voto socialista; creo que las causas son más profundas y no se podían resolver sólo con un simple cambio en el liderazgo político del PSOE andaluz y en su traslado a la Presidencia de la Junta".

¿Y el PP? Un alto dirigente popular, con el que este medio ha venido hablando a lo largo de la legislatura, siempre ha contestado del mismo modo: "No me lo puedo creer". Era como si la estrategia que Javier Arenas había planificado después de ser derrotado por tercera vez contase con un aliado anónimo en el PSOE o en el Gobierno. No sólo llevaban a su favor los efectos tremendos sobre el desempleo ni que Zapatero se hiciera un harakiri el 12 de mayo de 2010 con la reducción de sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones y los ajustes presupuestarios, sino que las crisis en el seno del PSOE andaluz y algunas medidas del Gobierno de Griñán, como la reforma del sector público, se convirtieron en aliados del desencanto que Arenas necesita para gobernar.

Hay una práctica unanimidad tanto en el PSOE como en el PP, que el mayor elemento de desgaste del Gobierno de Griñán ha sido la reordenación del sector público, que puso a los funcionarios en la calle contra la Junta. Ni siquiera la rebaja del 5% de los sueldos que aprobó Zapatero lo había conseguido. Griñán y la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, creyeron que contaban con el respaldo de los sindicatos UGT y CCOO, pero éstos no tuvieron fuerza para contrarrestar el liderazgo del mayoritario CSIF, que, a su vez, se veía arrastrado por plataformas y organizaciones más radicales. Éstas fueron las que, al final, salieron ganando. La Junta cuenta con más de 250.000 empleados públicos, y la proyección de su enfado en sus familias es un elemento esencial para entender cómo los socialistas comenzaron a perder muchos aliados.

No obstante, la reforma del sector público, con su polémica creación de agencias donde convivirían funcionarios y trabajadores de empresas públicas, provenía de un conjunto de medidas que Griñán hizo públicas en mayo de 2010 para hacer frente a la crisis y, en especial, para equilibrar las cuentas públicas. Subió los tipos del IRPF a partir de las rentas mayores de 80.000 euros; redujo las sociedades, empresas y fundaciones de 255 a 145 y reprogramó -es decir, retrasó- inversiones en obra pública por valor de 846 millones de euros. Ello le aportaría un ahorro de 1.583 millones de euros. Y, en efecto, cuando queda poco para conocer con detalle cuál es el déficit con el que las comunidades autónomas han cerrado 2011, Andalucía subirá del 1,3% exigido, pero estará por debajo de la media.

Pero el éxito que Martínez Aguayo consiguió en las cuentas también tuvo su revés en las protestas de los funcionarios en la calle. El PP acusó al PSOE de querer enchufar a 25.000 trabajadores de empresas públicas, y comenzó a atacar, aunque su principal aliado de desgaste no fue éste, sino el denominado caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos. El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que ejerció con tres consejeros entre los años 2001 y 2010, manejó 647 millones de euros para ayudas a empresas y a trabajadores afectados por regulaciones de empleo. Una investigación de la juez Mercedes Alaya, iniciada a raíz del caso Mercasevilla, destapó la inclusión de personas ajenas a los ERE en las ayudas de Empleo -unos 80, y muchos con vinculación o militancia socialista- y el manejo sin control de Guerrero de estos fondos, hasta el punto de que en un solo día le dio a su chófer tres ayudas por valor total de 1,3 millones de euros.

Griñán encara su campaña electoral con un claro mensaje: frente a los recortes de las comunidades autónomas del PP, su Presupuesto de 2012 mantiene el gasto en sanidad, aumenta el de educación y evita mayores recortes sociales.

Para el economista y profesor de la Universidad de Sevilla José Ignacio Rufino, "la política fiscal del Gobierno de la Junta en la última legislatura ha sido coherente con sus teóricos principios socialdemócratas. Griñán y su equipo han preferido tocar los ingresos y mantener el nivel de gasto a la hora de intentar contener la sangría de un déficit fiscal creciente, que cada día es más difícil de financiar, por mucho que el desfase presupuestario y la deuda pública sean altos, pero razonables con respecto a otras comunidades". No obstante, Rufino apunta que la crisis económica le ofreció oportunidades para optimizar el gasto en sanidad, educación y, en especial, en la gestión de la administración. Rufino coincide con Aurioles en que, en efecto, el déficit andaluz no es de los peores, aunque tampoco es el óptimo. "Es grave la falta de datos acerca de los déficits de empresas públicas mustias. Andalucía tiene un buen número de ellas; si se afloraran sus números rojos, quizá el panorama del déficit no sería tan tranquilizador en su comparación con otras comunidades", mantuvo José Ignacio Rufino.

Pronto se conocerá la cifra final del déficit, y la duda consiste en saber si será Griñán quien la indique o Arenas, el que la revele. El 25 de marzo.