La locomotora de la economía regional, la construcción, acaba de sufrir una nueva pérdida de combustible: los ajustes presupuestarios del Gobierno han dejado en precario el plan estatal de vivienda. No hay dinero. Los compradores no recibirán ayudas para la entrada de entre 5.000 y 12.000 euros y los promotores no podrán contar con un complemento para abaratar el suelo de 3.000 euros por vivienda.

La consejera de Obras Públicas y Vivienda se ve entre la espada y la pared. Rosa Aguilar no está de acuerdo con la medida del Gobierno e intenta convencer a la ministra del ramo para que reconsidere la medida. Entre tanto, Aguilar trata de ganar tiempo. Ha recordado esta semana en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz que hay un grupo de trabajo formado por sindicatos, empresarios y la Federación Andaluza de Municipios en el que se pretende consensuar una estrategia para negociar con el Gobierno. Pero en ese grupo hay poca discusión: todos están contra la medida gubernamental. Ante la falta de fondos, a Aguilar le queda poco margen, más allá de la retórica: "Debemos garantizar el principio fundamental de derecho a una vivienda digna", dijo el jueves en el Parlamento, con énfasis.

La patronal del sector está que trina y es menos diplomática: "Es una medida salvaje", dice sin ambages el vicepresidente de Fadeco, Juan Aguilera. En paralelo, el Gobierno andaluz y el Partido Popular mantienen un pulso estadístico. La Junta, desde la época de la abundancia, contabiliza como viviendas protegidas todas a las que otorga una calificación provisional; o sea, las que tienen su visto bueno para que el promotor las construya.

Pero en la actualidad, con la crisis y los bandazos presupuestarios, es fácil que sólo la mitad de las VPO calificadas por la administración regional consigan financiación bancaria. Incluso menos de la mitad se empiezan a construir. Según los datos de la Consejería, en 2008 se autorizó la construcción de 14.202 viviendas protegidas en 2008 y un total de 23.824 en 2009, pero sólo se terminan unas 9.000 al año según el cuadro adjunto. Aguilera cifra en 53.000 las VPO autorizadas por la Junta cuyos promotores están esperando financiación.

Todos los dedos señalan a la ministra Beatriz Corredor, que no para de justificarse con argumentos entre la buena voluntad y el reparto de responsabilidades. El viernes en el salón de la Vivienda Social, Asequible y Sostenible de Madrid resumió su pensamiento en dos puntos. 1. El Ministerio va a seguir facilitando "a los jóvenes, a las familias, a las personas y colectivos más desfavorecidos el acceso a una vivienda digna". Y 2. Que para conseguir esa política de vivienda, es necesaria la cooperación, colaboración y lealtad de muchas instituciones.

De hecho, la ministra recuerda de tanto en tanto que la vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas. Pero la Ley de Derecho a la Vivienda aprobada en marzo en el Parlamento andaluz, con los votos del PSOE, obliga a las administraciones a crear registros municipales de demandantes de vivienda protegida y a elaborar planes municipales y autonómicos de vivienda y suelo.

Esta nebulosa institucional es criticada por el Partido Popular. La diputada autonómica Alicia Martínez lo dice crudamente: "Rosa Aguilar no se ha enterado que la responsabilidad es suya; con la letra de la ley en la mano los ciudadanos acabarán reclamando a los ayuntamientos que los bancos no les conceden créditos para comprar un piso". La letra de leyes, reglamentos o compromisos institucionales es siempre flexible. Depende de la coyuntura. Por ejemplo, a día de hoy es imposible cumplir los objetivos del Pacto andaluz por la Vivienda, firmado solemnemente por Junta, patronal y sindicatos en 2007, que preveía la construcción en diez años de 700.000 viviendas, de las cuales 300.000 serían protegidas. Y también decía que nadie tendría que hacer un esfuerzo mensual superior a un tercio de sus ingresos familiares en caso de compra y un cuarto, en caso de alquiler.

Este punto lleva al vicepresidente de Fadeco a plantear que si el Ministerio retira fondos de ayuda a la VPO, la Junta tendrá que sustituirlo en esa función. Juan Aguilera subraya que sólo el IVA de un piso es mayor que la ayuda estatal que se ha eliminado, y si no se vende la vivienda, Hacienda no ingresa nada. Y cada vivienda supone 2,5 empleos durante dos años, de trabajadores que están activos y cotizando, en vez de cobrando el paro. El dirigente empresarial sostiene que la ministra no ha hecho bien las cuentas. Pero no es un problema aritmético, sino financiero. El cinturón aprieta, y no hay dinero.