El despilfarro del dinero público relacionado con el pago de los ERE de empresas en crisis no sólo se produjo por la discrecionalidad de las ayudas y la inclusión de intrusos, sino que una buena parte se produjo por las comisiones excesivas que cobraban los brókers o entidades mediadoras que intervenían con las compañías aseguradoras de las pólizas para los prejubilados. Ésta es la principal conclusión a la que llega la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe que ayer remitió a la juez Mercedes Alaya, que investiga este escándalo.

El informe se produce una vez que los agentes de la Guardia Civil han estudiado con detenimiento la declaración del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Guerrero -uno de los principales imputados en la causa- y pone de manifiesto que las "repercusiones económicas de la deficiente gestión de la concesión de las ayudas" no sólo estriban en que "indiciariamente en numerosas ocasiones hayan sido concedidas de manera arbitraria y carentes del procedimiento a personas físicas o jurídicas que no deberían haberlas percibido". De la investigación realizada, la UCO concluye que, además de esa gestión inadecuada, "se habrían pagado comisiones elevadas a las mediadoras Vitalia y Uniter con el conocimiento del director general de Trabajo y Seguridad Social". Esas comisiones se abonaban presuntamente porque esos brókers eran los únicos que podían conseguir que determinadas compañías de seguros "aceptaran el pago a plazos del coste de las primas de las diferentes pólizas, mediante las que se han ido haciendo efectivas las ayudas sociolaborales otorgadas".

Pero el informe del instituto armado va más allá incluso porque detalla que, una vez que se incumplían los calendarios de pagos pactados con las aseguradores, "se generaban cuantiosos intereses que eran asumidos sin reparo por la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, hecho que era conocido y despachado con el viceconsejero", ya que, según precisa el informe, este alto cargo de la Consejería de Empleo -que durante la etapa de Francisco Javier Gutiérrez desempeñaron Agustín Barberá y Antonio Fernández, este último ya imputado y que llegó a ser consejero de Empleo- era considerado como el jefe de los servicios administrativos de dicha consejería.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se refirió recientemente en un auto al cobro de comisiones excesivas por parte de las entidades mediadoras como Vitalia, que según la instructora "carecía de autorización para actuar como correduría de seguros" y que cobró 964.204,66 euros en comisiones superiores a la media del mercado por tramitar los ERE de sólo tres empresas: Calderinox, Río Grande y Acyco.

Para la juez, resulta "inaudito que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, admitiera estos sobrecostes [en algún caso de hasta un 20,51% sobre la media del mercado] y que estas entidades, además, no tenían autorización administrativa para actuar", aseguró la instructora.

El informe de la Guardia Civil sobre la declaración de Guerrero señala igualmente que no era infrecuente que la Dirección General de Trabajo suscribir alguna póliza para "solucionar" un determinado problema económico, como el pago por los servicios profesionales de un bufete en la tramitación de unas ayudas o la resolución de un conflicto en el sector de la limpieza pública y recogida de basuras de Granada en el año 2004-2005.

La juez Mercedes Alaya interrogará sobre todas estas cuestiones al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que está citado como imputado el próximo 23 de febrero y al que también preguntará por el gasto de parte de las ayudas en el pago de "cocaína, fiestas y copas", como declaró recientemente su ex chófer Juan Francisco Trujillo, al que concedió subvenciones por importe de 1,3 millones de euros.

El ex chófer de Guerrero aseguró que fue el alto cargo de Empleo quien le indicó los "pasos a seguir" para conseguir la subvención y que la solicitud se la dio en mano a Guerrero, a quien también entregó regalos y una cantidad en efectivo de entre 40.000 y 60.000 euros.